La decisión que un Gobierno toma sobre tu gestión del coito

Gallardón insiste en que los padres, por su espléndido dedo, tengan los hijos que dicte la providencia; Escudero abunda en las presiones a las que se someten las madres y achaca esa voluntad quebrada de ellas a la familia, los amigos o el Real Madrid. Es esa manera española de decir que quien no haya acabado la ESO no es que no sepa vivir, es que no sabe empujar, y se le engaña con el infierno eterno como si las chavalas con estudios considerasen el feto con un aprecio biológico más interesante que la nómina de sus padres. Pero al fin y al cabo ésta es la característica fundamental del debate sobre el aborto: la decisión, enigmática, que un Gobierno toma sobre tu gestión del coito.

M. Jabois.

El machismo sigue pisoteando la sociedad tratando de imponer a las mujeres un degradante sometimiento

Un repaso a las cúpulas directivas de las empresas basta para constatar la mayoría aplastante de cargos ocupados por hombres. Una ojeada a las estadísticas salariares reconfirma la endeblez comparativa de las nóminas de las mujeres. Un vistazo a los titulares constata que la violencia machista es un monstruo agazapado tras las cortinas de muchas ventanas. Y, lo peor, un paseo por las calles cazando al vuelo conversaciones entre adolescentes es suficiente para oír reproducidas las mismas relaciones de dominación contra las que llevamos luchando décadas. El machismo sigue pisoteando la sociedad tratando de imponer a las mujeres un degradante sometimiento. Demasiadas veces lo consigue.

Los ataques a la igualdad pueden llegar por vías muy distintas. A veces, con el horror destemplado de una puñalada mortal. Pero, también, bajo el esbozo de una ley que nace con la bendición de la Conferencia Episcopal. Cuando el ministro Wert decide convertir una ley de educación en un instrumento de evangelización, también está inoculando el virus de un determinado sector de la Iglesia -el que ostenta el poder-, que reserva a la mujer un denigrante segundo plano, alejándola de cualquier órgano de decisión y responsabilidad. Más trabas para la igualdad. Nuevos obstáculos para incorporar a la sociedad unos valores distintos de los que ha impuesto la supremacía masculina. Una pérdida para todos. Emma Riverola

El Tribunal Constitucional y las mentiras de Gallardón en la reforma de la ley del aborto

Mar Esquembre Cerdá 

Desde que anunciara, tiempo ha, la reforma de la ley del aborto (sin aportar, por cierto, ni un solo documento) Gallardón ha repetido sin cesar que la misma obedece a un deber de lealtad constitucional que únicamente se cumple si se legisla de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, expresada principalmente en la sentencia de 11 de abril de 1985. Primera y gran mentira de la que derivan todas las demás. Gallardón pone en boca del TC lo que éste no ha dicho. Por ello, creo que es interesante exponer algunas cuestiones principales sobre la citada sentencia.

Una. Declaró la constitucionalidad de la despenalización del aborto en los tres supuestos ya conocidos. Únicamente advirtió de la necesidad de introducir cautelas (exigencia de informes médicos) en los casos de aborto terapéutico y eugenésico, como así se hizo en 1985 (y como hace la actual Ley).

Dos. La Constitución establece en su art. 1.1 que los valores superiores del ordenamiento jurídico son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (pequeño detalle que olvidó mencionar el TC en su sentencia, pero sí se recoge en los votos particulares a la misma, que, por cierto, fueron 6, la mitad de miembros de que se compone). El TC sumó a éstos la vida, si bien ligada ésta a la dignidad de la persona del artículo 10 de la Constitución.

Tres. Dejó claro que la vida del nasciturus es un bien jurídico protegido por el art. 15 de la Constitución, pero no le corresponde la titularidad del derecho a la vida. Titular de derechos sólo lo puede ser la persona. No se trata, por tanto de un caso de colisión de derechos, sino entre un bien jurídico (el nasciturus) y un derecho fundamental (el de la mujer).

Cuatro. Afirma que "el legislador puede adoptar cualquier solución dentro del marco constitucional, pues no es misión de este Tribunal sustituir la acción del legislador".

Pues bien, el "legislador" ya actuó con la aprobación de la actual Ley. Y lo hizo con todas las cautelas, sabiendo que iba a ser recurrida. Una Ley que respeta escrupulosamente esa jurisprudencia, aunque el marco constitucional permitiría otra regulación más favorable a los derechos de las mujeres. Una Ley que el TC no puede declarar inconstitucional, puesto que tiene que hacerlo basándose en criterios jurídicos y carece de ellos. Por eso Gallardón quiere reformar la Ley sin esperar a que se pronuncie el TC. No llegaron a tiempo para cargarse el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero están a tiempo de legislar en contra de la Constitución, algo que se les da francamente bien. Me pregunto si nuestra libertad no está durmiendo en algún cajón del TC.

Reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, un retroceso de más de 30 años

MARÍA R. SAHUQUILLO -  El País.com

En España, las mujeres pueden abortar sin dar explicaciones, hasta la semana 14 de gestación. Tras esto, se necesita un dictamen médico y cumplir ciertos requisitos —riesgo para la salud, hasta la semana 22, y anomalías fetales graves o incompatibles con la vida, sin plazo—. Pero cuando aún no ha cumplido tres años desde su estreno, el derecho a la maternidad libremente decidida, que consagra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, pende de un hilo. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado que la reformará para sustituir ese plazo libre por un sistema de supuestos como el que rigió hasta 2010.

El cambio, alertan los expertos, no solo supondría un retroceso de más de 25 años. También aleja a España de la esfera de la UE, donde predominan leyes de plazos. Así es en Francia (hasta la semana 12 de gestación), Holanda (26) o Italia (10). Solo cuatro países tienen un modelo de supuestos como el deseado por Gallardón: la restrictiva Polonia, Chipre, Reino Unido y Finlandia. Aunque en los tres últimos se amparan las razones socioeconómicas, bajo las que subyacen, en realidad, la libertad de la mujer.

La nueva regulación colocaría a España al nivel de Malta, que prohíbe el aborto, o Irlanda que lo restringe tanto que es inalcanzable. Estos son, además, los dos únicos países de la UE que no permiten la interrupción del embarazo por anomalías fetales. Un supuesto que el titular de Justicia ya ha insistido en que eliminará.

Ese cambio dejaría sin cobertura, alerta la experta en Diagnóstico Prenatal Pilar Martínez Ten, a los 3.000 gravísimos casos que se detectan cada año. Quienes estén en esta situación por el dictamen de patologías como anencefalia o agenesia de cuerpo calloso, de pronóstico fatal, por ejemplo, se verán obligadas a salir del país para abortar. “La restricción también impedirá que se haga la necropsia para ver si la enfermedad se repetirá con otros hijos”, dice Martínez Ten.

Los expertos no dudan de que una ley más restrictiva no frenará los más de 110.000 abortos que se realizan cada año en España, pero sí provocará que las mujeres sin medios para viajar a países más permisivos con la intervención —antaño iban a Londres— recurran a métodos inseguros. En el siglo XXI, apunta la ginecóloga Isabel Serrano, presidenta de la Plataforma por los Derechos Reproductivos, el aborto clandestino ya no es en casa y con una abortera. “Se recurrirá a fármacos que no están indicados para ello, lo que causará a las mujeres graves problemas de salud”, dice.

Lo que nos espera con ‘la reforma Gallardón’

C.Guzmán - El Plural.com

El caso de la salvadoreña B.C., a quien la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha negado su solicitud para abortar en una situación extrema para su salud, que podría costarle la vida, y una malformación terrible del feto, pone a España ante un escenario que puede estar próximo, si el Gobierno de Rajoy materializa la reforma de la Ley del Aborto que pudiera llegar a incluir, según anunció el ministro de Justicia hace un año, la eliminación del supuesto por malformación del feto.

Espera un feto sin cerebro

La joven salvadoreña, de 22 años, solicitó el 11 de abril pasado a la Sala de lo Constitucional de su país interrumpir su embarazo porque padece lupus y una enfermedad renal, y pone en riesgo su vida si sigue adelante con el embarazo. Se da la circunstancia de que el feto es anencefálico, es decir, no tiene cerebro. En El Salvador el aborto está penalizado en todas sus formas desde 1998.

El derecho de la mujer

La sentencia de la Justicia salvadoreña, adelantada por la SER, considera que “los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nasciturus” (el que ha de nacer) ni viceversa. Además, expresa que “existe un impedimento absoluto para autorizar la práctica de un aborto por contrariar la protección constitucional que se otorga a la persona humana ‘desde el momento de la concepción”.

España, frente a un escenario próximo

La extrema situación de esta joven salvadoreña pone a España frente a un escenario en el que puede verse en un futuro cercano, si el Gobierno lleva adelante su reforma de la Ley del Aborto que pretende retirar a la mujer el derecho a decidir y que pudiera incluir, según anunció hace un año el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la eliminación del supuesto de aborto por malformación del feto.

El PP no aclara su reforma

Tras la polémica suscitada por la reforma, que haría retroceder a España en esta materia a la década de los 80, el PP ha optado a veces por el silencio, cuando los preguntados son los máximos cargos del partido y el Gobierno, es decir, Rajoy, Cospedal y Sáenz de Santamaría, o por intentar trasmitir que hay polémica en las filas del partido sobre esta materia, e, incluso, por desautorizar a Gallardón dejándolo solo en temas espinosos como el supuesto de malformación en el feto.

El 6 de mayo, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso Rafael Hernando afirmó, en una entrevista en Europa Press, que este aspecto es sólo “una reflexión personal” del ministro y que no tiene sentido volver a temas que ya “estaban razonablemente solventadas” con normativas anteriores.

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, también se encargó de dejar claro a los medios que hay diversas voces en el partido sobre el asunto del aborto, y la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, llegó a escenificar esa polémica al no votar junto a su Grupo contra una moción socialista que pretendía parar la reforma impulsada por Gallardón.

La titular de Igualdad, Ana Mato, en un arrebato benéfico más propio de otros tiempos que del siglo XXI, afirmó que colaborará en la reforma de Gallardón con un plan de apoyo a la maternidad que evite las interrupciones del embarazo y proteja a las madres que den al bebé en adopción. “El plan de maternidad está dirigido especialmente a las jóvenes adolescentes que sean madres y también a las madres que están en situaciones más complicadas. También estamos incorporando mejoras en los procesos de adopción y acogida para proteger a las madres que decidan dar a su niño en adopción así como para dar más garantías a los menores “, dijo la ministra.