El gobierno que no respetaba a las mujeres (o qué fue de La Niña de Rajoy)

#SoyFeminista.
#MeAvergonzaríaDeNoSerlo
#ElGobiernoQueNoRespetabaALasMujeres

ENSAYO PARODIADO DIDÁCTICO FEMINISTA

LA AUTORÍA DE LOS AUDIOVISUALES EMPLEADOS PERTENECE A:

- "Amanecer en #Ofeliaresiste", por Jaime Alekos.
- "Médicos por la sanidad pública", Afem Princesa.
- "Por favor, dejadme tener dignidad", Cádiz Directo.
- "La mujer, cosa de hombres", Isabel Coixet, RTVE.
- "Interview with Simone de Beauvoir", Cuestionnaire.
- "Ana Rubio_¿Qué significa la igualdad en derechos?", Cenicientas 3.0.
- "El Soul de la bata blanca", El País.
- "Por ti, por mi, por todxs", Márgaro.
- "Entrevista a Rajoy", VEO7.
- "La niña de Rajoy", RTVE.
- "Clases para Wert. Historia", Clases para Wert y Stop Ley Wert.
- "12M 15M. Detención de Laura en Sol".
- "Tipical Girls", The Slits.
- "Ain't got no home", Nina Simone.
- "Canal 7", TV Publica Argentina. 
- "Varios Artistas-Falangista Soy", The Orchard Music.
- "No se nace mujer, Simone de Beauvoir" (documental).
- "La Policía abre expediente por falta grave a tres antidisturbios", Efe.
- "Informativos, Más vale tarde, La Noche, La Sexta: Columna y Al Rojo Vivo", La Sexta.
- "La sexualidad de la mujer en la República", UNED.
- "Réponse de femmes",Agnès Varda.
- Estudio Social La Caixa sobre Dependencia.
- #Escrache feminista.
- "Los Chicos con la chicas" (1967).
- La Tuerka.
- Europapress.
- RTVE.
- 13TV.
- Antena 3.
- Filmoteca Española.
- NODO, RTVE.
- Soitu.es.
- LasMalasLenguas.es.

Gracias y todo nuestro apoyo a:
#EscracheFeminista
#Ofeliasequeda (nos necesitan, por cierto).
#SanidadPública
#EducaciónPública
#LeydeDependencia
#StopDeshaucios

NOTA: Si alguien quiere que modificar algo o reclamar derechos, que nos lo comunique personalmente y lo solucionaremos.

Según la Ley de Propiedad Intelectual:

Artículo 32.1. Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico.

Artículo 33. Trabajos sobre temas de actualidad:

1. Los trabajos y artículos sobre temas de actualidad difundidos por los medios de comunicación social podrán ser reproducidos, distribuidos y comunicados públicamente por cualesquiera otros de la misma clase, citando la fuente y el autor si el trabajo apareció con firma y siempre que no se hubiese hecho constar en origen la reserva de derechos...

Artículo 39. Parodia:

No será considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor.
AntropologíaVisual.Info·

Mujeres congeladas

Como se ha repetido mucho en los últimos tiempos lo que hace el Gobierno de Rajoy no es recortar, es ideología. Y dentro de ésta nos encontramos con el entusiasmo por hacer negocio con la sanidad, la educación o los derechos sociales y la forma de tratar los derechos de las mujeres.

Quieren quitar la fecundación asistida a las lesbianas y solteras. Por lo tanto sólo tendrán derecho a estos tratamientos las mujeres casadas como Dios manda, eso sí casadas y estériles. Y las lesbianas o aquellas mujeres que no tengan una pareja heterosexual, si quieren tener un hijo pues que se acuesten con un vecino o se aguanten.  ¿Dónde está el respeto a las opciones sexuales de las personas? Y ¿la igualdad ante la ley?

La mano de la Iglesia aparece hasta el codo. Estas limitaciones fueron puestas en práctica hace tiempo en la Comunidad Valenciana y ahora intentan a hacerlo a nivel nacional.

Pero con eso no tienen suficiente. A partir del 1 de agosto desaparece la financiación pública de ocho anticonceptivos de tercera generación, o sea de los más nuevos y se supone eficaces. La que los quiera se los tendrá que pagar o bien utilizar los que científicamente han sido superados.

El Ministerio de Sanidad afirma que a partir de ahora va a contabilizar no sólo a las mujeres asesinadas por violencia de género sino que contará también las que han sido agredidas siempre que estén más de 24 horas en un hospital.

Por lo tanto, solo contará a las muy apaleadas, a las que hayan dejado como un cristo. Si simplemente son pegadas, les rompen un brazo y no chorrean sangre, esas ya no habrán sufrido violencia de género.

Eso sin olvidar que el parón que el Gobierno ha llevado a cabo con el aborto es sólo temporal. Con la caída de la hoja, Gallardón pisará el acelerador para tenerlo listo antes de Navidad. Más restricciones.

Y suma y sigue.

Los planes de igualdad en las empresas que contemplaban numerosos convenios colectivos han desaparecido desde el pasado 8 de julio ya que el Gobierno ha dado todas las facilidades para que se extinguiesen. Todas las empresas de más de 250 trabajadores estaban obligadas a pactar y aplicar uno de estos acuerdos, tal y como estipuló la Ley de Igualdad aprobada en 2007.

Estos planes, tras hacer un diagnóstico de la empresa intentaba corregir los defectos detectados y promover la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, fórmulas para evitar la brecha salarial, favorecer la conciliación de la vida personal y laboral de trabajadores y trabajadoras, o acciones positivas para romper el llamado techo de cristal y fomentar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad.

Eso a nivel laboral pero también han agredido el tema más importante para conseguir una sociedad igualitaria: la educación.

La ley Wert rechaza la educación en valores lo que significa que el esfuerzo hecho por gobiernos de Zapatero para impulsar la igualdad en las aulas, el respeto a la diversidad o la coeducación se puede perder en dos días.

El actual gobierno está subvencionando colegios que separan a los niños de las niñas, ha eliminado la asignatura Educación para la Ciudadanía, ha atacado los programas de educación afectivo- sexual y rechaza todo aquello que potencie igualdad a todos los niveles.

El resultado de estas políticas es que en poco tiempo podremos ver nuevos focos de homofobia en los centros escolares y un retroceso en la igualdad de género en las aulas que es donde más se necesita.

La ley de dependencia es otro de los puntos negros para las mujeres. Cuando se recortan ayudas para cuidar a personas dependientes ya sean ancianos o enfermos ¿en quién recae ese trabajo?......pues no lo duden, en las mujeres.

Lo que hemos tardado siglos en conseguir, se lo pueden cargar en dos días.

Junto a estos hechos, nos enteramos que cada año se denuncian en España 1.161 violaciones (agresiones sexuales con penetración, en la jerga policial) según los últimos datos que facilita el Ministerio del Interior, de 2011. Son tres cada día; una cada ocho horas.

Un panorama desolador.

Mercè Rivas Torres | Periodista y escritora (Nuevatribuna.es)

Resistir y no olvidar

Sanidad ha iniciado una campaña para castigar a las mujeres que quieran tener hijos sin un hombre al lado.

Si el criterio que se quiere imponer para acceder a los tratamientos de reproducción asistida es la fertilidad, ¿por qué asistir a una mujer fértil con compañero infértil? ¡Que se busque un varón que sea fértil!

En una pareja heterosexual es raro que los dos sean estériles, seguramente que o él o ella pueden concebir si se buscan a una persona fértil, del otro sexo naturalmente. Si el criterio que se quiere imponer para acceder a los tratamientos de reproducción asistida es la fertilidad, ¿por qué asistir a una mujer fértil con compañero infértil? ¡Que se busque un varón que sea fértil! ¿O es que el criterio no es la esterilidad, como se dice sino, en realidad, tener una pareja heterosexual estable? Eso parece, porque el acceso a los tratamientos que pretende el Ministerio de Sanidad define la esterilidad como la incapacidad de concebir después de 12 meses de practicar sexo coital (se supone que con el mismo hombre). Se excluye así a las mujeres que, por la razón que sea, no mantengan relaciones sexuales con hombres o no las mantengan permanentemente. ¿Es posible imponer ese criterio legalmente?

Sanidad ha iniciado una campaña para castigar a las mujeres que quieran tener hijos sin un hombre al lado. Sanidad no se mete, en cambio, en la cuestión del aborto que deja a Justicia, dejando así claro que para este gobierno el derecho al aborto no tiene nada que ver con la salud, sino directamente con la aplicación del Código Penal. Este Ministerio es el encargado de castigar a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo. En el primer caso y en el segundo lo que se pretenden es castigar a las mujeres que pretendan hacerse dueñas exclusivas de sus cuerpos, de su sexualidad, de su reproducción…A esto se añade la no financiación de los anticonceptivos, la búsqueda de la prohibición de la píldora del día después, la imposición en todos los casos de la custodia compartida…el Partido Popular tiene toda una batería de propuestas claramente misóginas dirigidas por aquellos a quienes les gustaría volver a poner a las mujeres bajo la tutela, o bien masculina o bien del estado, que es masculino.

Hace años en la asociación en la que yo militaba tuvimos la idea de poner en contacto a lesbianas que quisieran tener hijos con hombres que estuvieran dispuestos a donarles semen sólo porque estos hombres querían ser partícipes de la lucha por los derechos de las lesbianas. Se oculta, por cuestiones normalmente económicas (es un enorme mercado), que para hacerse una autoinseminación, si no hay problemas médicos, no hace falta someterse a complicadísimos (y carísimos) tratamientos médicos; quedarse embarazada es algo muy sencillo. No hacen falta máquinas de última generación, el semen escogido se puede introducir en la vagina con una jeringuilla, así de simple. Este procedimiento se conocía en la antigüedad y se sigue utilizando hoy día. Es un procedimiento sencillo y barato. En ocasiones, la mujer en cuestión no quiere tener ninguna relación con el donante de semen y esa es una de las razones que lleva a muchas mujeres a escoger la inseminación en una clínica, que así se garantiza el anonimato del donante. Este problema se puede solucionar muy fácilmente utilizando empresas que se dedican a vender semen testado clínicamente (es decir, “limpio” de enfermedades). Son empresas serias y pueden encontrarse en internet. Es fácil, seguro y barato.

Para ayudar a abortar las asociaciones feministas volverán a informar a las mujeres de dónde y cómo poder hacerlo. Volveremos a hacer lo que hacíamos en el franquismo y en la transición. No será de manera gratuita como si se hiciera en la Seguridad Social, pero tampoco estamos ya como en el franquismo (el PP sí, pero nosotras no) Ahora consigues un vuelo a cualquier capital europea por 40 euros. Podrían establecerse convenios con otras asociaciones feministas europeas para realizar abortos por un precio mínimo. Las asociaciones de mujeres feministas tendrán que volver a distribuir anticonceptivos entre las adolescentes atribuladas, así como la píldora del día después, que la Ministra lleva meses intentando demostrar “científicamente” que es abortiva y mala para la salud sin conseguirlo por ahora.

¿Las soluciones que propongo parecen exageradas? No lo son. Ya hemos ido antes a abortar a Londres; las lesbianas teníamos hijos e hijas mucho antes de que nos dieran permiso. No vivimos en los 60 ni acabamos de salir de una dictadura por mucho que muchos dirigentes del Partido Popular quisieran devolvernos a ella. Las mujeres tenemos información, sabemos cómo usarla, llevamos décadas (siglos en realidad) luchando y consiguiendo ensanchar los límites de nuestra libertad, vivimos en Europa, estamos organizadas, sabemos cómo informar a otras mujeres, cómo tejer redes de apoyo y, sobre todo, de resistencia. Si algo se nos da bien es resistir. Todo eso que planteo no es exagerado ni una locura. Son, simplemente, posturas de resistencia que hay que adoptar cuando te meten el frente de batalla en tu propia casa, en tu propia habitación, es decir, en tu propio cuerpo. Resistir y no olvidar.

Ninguna de las leyes misóginas del Partido Popular va a durar otra legislatura. En realidad, creo que el PP le está preparando el camino a cualquier partido que gobierne después. El partido o coalición de partidos que gobiernen después del PP –y no será muy tarde- tendrán muy fácil no sólo revertir estas leyes sino ensanchar las que teníamos, algunas de las cuales no colmaban nuestras expectativas. Quien gobierne después no nos podrá dar gato por liebre a las feministas. El aborto tendrá que salir por fin del Código Penal en todos los casos, (excepto en el caso de que se realice contra la voluntad de la mujer) como llevamos décadas exigiendo; se acabaron los tutelajes en forma de la obligatoria “reflexión” (las mujeres somos capaces de reflexionar muy rápido), aborto libre sin límite de tiempo si peligra la vida de la mujer. Es decir, la vida de la mujer siempre y en todo caso, por delante de la vida del feto o del embrión. Educación para la Igualdad de verdad, en todos los colegios e institutos, concertados, públicos y privados con contenidos mínimos y obligatorios…

Esta época oscura para las mujeres que nos está imponiendo el PP no va a durar mucho más. Resistiremos y saldremos reforzadas. Ya lo hemos hecho antes y volveremos a hacerlo. El PP se va a ir más temprano que tarde, pero el feminismo seguirá aquí.

Beatriz Gimeno 

La decisión que un Gobierno toma sobre tu gestión del coito

Gallardón insiste en que los padres, por su espléndido dedo, tengan los hijos que dicte la providencia; Escudero abunda en las presiones a las que se someten las madres y achaca esa voluntad quebrada de ellas a la familia, los amigos o el Real Madrid. Es esa manera española de decir que quien no haya acabado la ESO no es que no sepa vivir, es que no sabe empujar, y se le engaña con el infierno eterno como si las chavalas con estudios considerasen el feto con un aprecio biológico más interesante que la nómina de sus padres. Pero al fin y al cabo ésta es la característica fundamental del debate sobre el aborto: la decisión, enigmática, que un Gobierno toma sobre tu gestión del coito.

M. Jabois.

13 mapas sobre la situación de la mujer en el Mundo

WomanStats Maps presenta: 13 mapas sobre la situación de la mujer en el Mundo

En una serie de mapas de todas características, la organización explica a través de estadísticas en qué lugares del mundo existe todavía “una guerra contra la mujer”.

El proyecto WomanStats Maps, que recoge la mayor base de datos sobre la situación de la mujer a nivel de cada estado-nación, ha traducido sobre los mapas y según colores aquellos aspectos que mayor incidencia tienen sobre la vida de las mujeres del mundo empezando por la seguridad, pasando por la educación y sin dejar de lado los derechos reproductivos.

A continuación os explicamos algunas de estas revelaciones.

Mujeres y Seguridad Física

Una radiografía escalofriante: “en la mayor parte del planeta no existe o son muy bajos los niveles de seguridad física para las mujeres”. Ni siquiera Europa, dónde los índices de igualdad de género se presentan más altos, está libre de la violencia física para las mujeres según los datos de esta organización.

Como se puede apreciar en el mapa, las regiones dónde son más bajos los índices de seguridad para la mujer se encuentran en África Oriental, Asia Central, y el Sudeste Asiático.

Preferencia del varón y ratio por sexo

Para muchos ya son conocidas las preferencias sociales respecto al hijo varón que se suceden en muchos lugares del mundo. Tanto es así, que en lugares como India y China se ha llegado a extender de forma alarmante el “aborto selectivo” llegándose incluso a convertir en un problema demográfico.

Sin embargo, cabe destacar que, tal y como lo refleja el mapa, la preferencia del hijo varón es un factor que se repite en todos los continentes, y cobra especial relevancia en algunos países europeos como España.

La Trata de Mujeres

A pesar de los esfuerzos que muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han llevado a cabo a fin de frenar esta problemática, el número de mujeres afectadas por el tráfico de mujeres no ha cesado de aumentar.

Aquellas regiones del mundo donde, a pesar de las leyes impuestas, el tráfico de mujeres es más alto corresponden de nuevo a África Oriental y Asia Central. Sin embargo, tal y como puede preciarse en la imagen, la Trata es un problema generalizado y muy peligroso.

Índice de mortalidad en el parto

África, seguida por el Sudeste Asiático siguen siendo los continentes por excelencia en índices de mortalidad materna. Más de 300 muertes de mujeres por cada 100.000 nacimientos es la turbadora cifra que reflejan las últimas estadísticas realizadas sobre esta deficiencia fatal.

De hecho la mortalidad materna está considerada la mayor causa de muerte entre mujeres en edad fértil en los países coloniales y semicoloniales. La mayoría, plenamente evitable y directamente relacionada con las condiciones de vida y el acceso a la información y los recursos. De hecho, la pobreza es un factor determinante para la supervivencia de una mujer en el embarazo.

Nivel de educación según el género

África, Asia Central y el Sudeste Asiático son de nuevo las regiones que destacan negativamente en este aspecto. Siendo así que en muchos de los países que conforman estas áreas existen normas culturales y legales que restringen o limitan el acceso de las niñas a la educación con el resultado de analfabetismo femenino mucho más alto que el masculino. Tal y como ver en este mapa, no sólo en las regiones nombradas sino también el otras regiones de Asia y América Latina, se observan diferencias educativas por género que pueden llegar a superar el 10%. Siendo esta diferencia aún mayor (más del 20%), en las regiones resaltadas.

Participación Gubernamental de la Mujer

En este mapa las cifras hablan por sí solas. En gran parte de África, Asia y América Latina, la representación en los gobiernos de la mujer es  extremadamente limitada: menos del 10% del parlamento está formado por mujeres. Y ésta es una dinámica que afecta como se observa en el mapa principalmente a países subdesarrollados y en vías de desarrollo, pero también a países desarrollados (ej. Japón).

Prevalencia de la Mutilación/ablación genital femenina

La ablación o mutilación genital femenina comprende una serie de prácticas consistentes en la extirpación total o parcial de los genitales externos de las niñas. Entre otras consecuencias, las niñas mutiladas padecerán durante toda su vida problemas de salud irreversibles. Se calcula que 70 millones de niñas y mujeres actualmente en vida han sido sometidas a la mutilación/ablación genital femenina en África y Yemen. Además, las cifras están aumentando en Europa, Australia, Canadá y los Estados Unidos, principalmente entre los inmigrantes procedentes de África y Asia sudoccidental, tal y como se puede observar en el mapa.

La Práctica de las Novias-Niñas

Las novias niñas no son exclusivas de un solo país, religión o idioma. A pesar de que el matrimonio infantil es ilegal en la mayoría de las naciones, es una tradición mucho más antigua que las leyes que intentan evitarlo.

De nuevo observamos que las regiones donde más se lleva a cabo esta práctica corresponden justo a aquellas dónde menor protección legal y social existe para la mujer: África, Asia Central y el Sudeste Asiático.

13 Mapas sobre la situación de la mujer en el Mundo que nos hacen un poco más conscientes de todo el trabajo que queda por hacer en nuestro planeta para conseguir una vida digna para todas las mujeres que lo pueblan.

¿Quieres saber más? Sigue leyendo: Los peores y mejores países del G-20 para ser mujer

by Almudena Díaz Pagés http://www.unitedexplanations.org

“Una mujer no aborta por deporte, es la última opción”

Carl Djerassi (Viena, 1923), seis décadas después de inventar la píldora anticonceptiva y a punto de cumplir 90 años, el científico reconvertido en literato continúa trabajando.

El científico afirma que la píldora anticonceptiva masculina no existe porque “a las grandes compañías farmacéuticas no les interesa gastar los millones de dólares que costaría estudiar sus efectos secundarios”. Algo que el químico, defensor de los derechos de las mujeres, lamenta, puesto que la carga de la responsabilidad reproductiva recae sobre ellas.

Igualmente lamenta la idea “terrible” del ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón, de sustituir la ley de plazos del aborto por una de supuestos. “En estos experimentos legales las únicas que sufren son las mujeres”. Según su opinión, los esfuerzos del Gobierno “deberían ir encaminados a facilitar el acceso a contraceptivos y mejorar las condiciones para tener hijos”. “Una mujer no aborta por deporte, es la última opción de una situación dramática”, afirma.

Reyes Linera - Elpaís.com

"Mi tortura fue esperar sabiendo que estaba embarazada”

Con la regulación actual del aborto, las mujeres están obligadas a mantener tres días hábiles de reflexión antes de decidir la intervención. Algo que muchas no comparten. 

Elena abortó el año pasado. Reconoce que tuvo suerte, ya que lo hizo bajo el amparo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010. 

Acudió al Área de Salud donde le fue entregado un sobre cerrado que contenía información de las ayudas y prestaciones a las que tienes derecho si sigues adelante con el embarazo. También incluía un documento con datos sobre los apoyos a las personas con discapacidad, para los casos en los que no llegue a interrumpirse el embarazo y el bebé nazca con alguna malformación. Con la regulación de 2010 las mujeres están obligadas a mantener tres días hábiles de reflexión antes de decidir la intervención. Algo que muchas mujeres no comparten, “yo lo tenía muy claro, no necesitaba reflexionar durante tres días”, asegura Elena. 

Cuenta que tuvo la mala suerte de acudir un viernes al centro, lo que hizo que el proceso se prolongara, “recuerdo que además coincidía con algún día de fiesta, por lo que tuve que esperar más de una semana”. “Mi tortura fueron las semanas que tuve que esperar sabiendo que estaba embarazada”, afirma. 

Al llegar a la clínica concertada, nadie le preguntó a Elena por qué había decidido abortar. Al contrario que la ley anterior, la regulación de 2010 estipula que las mujeres podrán interrumpir su embarazo hasta la semana 14 sin tener que justificarlo. 

Elena hace hincapié en la falta de información que hay al respecto, “nadie te dice dónde tienes que acudir primero, ni cuáles son tus derechos. Una chica de 16 años que no afronta que está embaraza, que tiene miedo, cuando decide dar el paso igual ya es muy tarde”.

Estigma

“Lo que te machaca psicológicamente no es el hecho de haber abortado, sino el cómo te juzgan”, afirma Elena. Es muy común entre las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo el sentir que son juzgadas por ello,“hay un estigma que tiene mucho peso y que te remueve interiormente por muy claro que lo tengas”, apunta Elena. 

Uno de los momentos que hacen que el proceso sea más difícil es enfrentarse a la pregunta ¿Por qué? En el caso de Elena, la pregunta la realizó su médico de cabecera cuando acudió a ella tras haber interrumpido su embarazo, “¿Y qué mas da? Es mi cuerpo y es un derecho”, afirma Elena. 

Hay circunstancias que incomodan aún más a las mujeres, Elena cuenta que “cuando eres joven y ya has tenido hijos el estigma pesa más del doble”. 

El hecho de que el aborto siga siendo un tema tabú empeora la situación, “si no está aceptado socialmente, pesa más y te acaba machacando”, asegura Elena, que destaca lo importante que es recibir apoyo desde sus círculos de confianza, “te sientes aliviada cuando ves que las personas no te juzgan cuando lo cuentas”.

THALÍA RODRÍGUEZ-CANARIASAHORA.ES

Entre rejas por abortar

Aquella noche le dolía el estómago. Era temprano para dar a luz, se dijo. Aún faltaban un par de meses. Finalmente, se levantó a la letrina. Allí sintió un dolor horrible. Y un líquido caliente que le bajaba. Cristina Quintanilla recuerda poco más. Se desmayó. Sus padres, alertados por el ruido de su casita con paredes casi de papel, la encontraron cubierta de sangre en el suelo del baño. Pensaron que se moría. Viven a varios kilómetros del centro de salud, y sin vehículo, así que llamaron a los guardias para que trasladaran a la muchacha. En el hospital confirmaron que ya no estaba embarazada. Y la denunciaron por provocarse un aborto. Ingresada y bajo efectos de la anestesia, recuerda, fue interrogada por policía. “Veía borroso, notaba trajes azules en vez de batas blancas, pero me hacían preguntas. Me dijeron ‘desde este momento estás detenida porque mataste a tu hijo”. La acusaron de homicidio. El día anterior había cumplido 18 años.

Cristina Quintanilla pasó tres días esposada a la cama del hospital. De allí al calabozo de la comisaría y después al penal de Ilopango, la mayor cárcel de mujeres de El Salvador, en San Salvador. Un año después fue informada de su condena en un proceso que luego se demostraría lleno de irregularidades. Comenzó acusada de homicidio imprudente, penado con hasta cinco años de prisión, y salió de la sala condenada por homicidio agravado y una pena de 30 años, a pesar de que los peritos de medicina legal no pudieron determinar que la muerte del feto fuese provocada. “Del hospital pasé a la cárcel, enferma, sin cuidados, deprimida… Acababa de perder a mi hijo y además me estaban condenando por eso”, reclama.

No está sola. Marlene, María Teresa, Manuela... Historias calcadas. La interrupción del embarazo está prohibida en El Salvador. Bajo cualquier circunstancia. Una legislación en la que se dan abortos espontáneos o partos prematuros que se consideran provocados por la mujer. Suelen ser gestaciones avanzadas en las que la embarazada expulsa al feto, que no sobrevive. “Por eso, como están de muchas semanas, las acusan de homicidio imprudente u homicidio agravado por parentesco”, explica Dennis Muñoz, abogado experto en estos casos. Las interrupciones voluntarias del embarazo, muchas realizadas con fármacos y en etapas más prontas de la gestación —a veces no hay huella del feto—, se condenan como aborto consentido o propio, penado con hasta ocho años; aunque la mayoría son condenadas a tres y nunca entran en prisión.

Entre 2000 y 2011, al menos 129 mujeres fueron procesadas por aborto, homicidio agravado u homicidio imprudente. 49 fueron condenadas, según una investigación de la Agrupación para la Despenalización del Aborto (pendiente de publicación). En esa estadística está Cristina, a la que el Estado le conmutó la pena cuando había cumplido cuatro años. Es una mujer fuerte, hasta con las palabras. Originaria de una zona rural e incomunicada del departamento de Oriente, fue madre a los 16 años de un niño que adora. “He salido del penal, estoy contenta, pero me perdí cuatro años de la vida de mi hijo, su primer día de escuela… Eso el Gobierno no me lo va a devolver”, dice.

Tampoco a Marlene Ponce le resarcirán el tiempo que pasó privada de libertad. De mirada dulce y voz suave, asegura que no sabía que estaba encinta cuando una tarde de 2009, con 18 años, empezó a sentirse mal, con dolor de estómago; rara. “Estaba en el instituto y decidí volver a la casa. Fui al baño y noté sangre, me desmayaba así que mis hermanas me llevaron a una clínica privada y allá el doctor me dijo que estaba embarazada y que probablemente lo que me había pasado era un aborto”, cuenta. Aquél facultativo la derivó al hospital. Allí fue denunciada por los sanitarios.

La acusaron de homicidio agravado e ingresó, convaleciente, en el penal de Ilopango, uno de los más saturados del mundo. “Nunca imaginé como es estar en la cárcel. Es muy duro, por la gente que hay allá, comes en el suelo… No había ni fuente para tomar agua, apenas te puedes bañar”, relata Marlene. En el penal, un rollo de papel higiénico podía costar 1 dólar. Y no había catres para todas las reclusas. La joven pasó semanas durmiendo en una colchoneta bajo una fila de literas. Estuvo presa ocho meses. Luego fue absuelta. La policía investigó su casa, en una aldea del centro del país, incluso el huerto; y desenterraron huesos que luego se demostró que eran de animal. No hubo pruebas del delito.

Mujeres solteras o con la pareja lejos, pobres, de zonas rurales o barrios deprimidos, poco formadas e informadas. Así son las mujeres procesadas por delitos relacionados con la interrupción del embarazo en El Salvador, según el informe de la Agrupación. Como María Teresa Rivera, de 30 años, trabajadora de la maquila textil que lleva dos años en la cárcel condenada por homicidio agravado —como ella hay otras 22 internadas—. Su familia la llevó al hospital tras encontrarla desmayada y cubierta de sangre en su casa. En su declaración judicial relató que no sabía que estaba embarazada. Siempre tuvo menstruaciones irregulares, y aunque hacía tres meses que no sangraba no se alarmó. Los médicos no determinaron de cuántas semanas de embarazo estaba; aunque el juez aceptó el testimonio de su jefa de la fábrica, que relató que en enero de 2011 la mujer le había contado que sospechaba que podía estar encinta. El episodio de la sangre en el baño fue 11 meses después de esa fecha.

“La falta de una definición legal de lo que es exactamente interrupción del embarazo y la durísima legislación hace que se produzcan situaciones dantescas. Cristina tuvo una complicación obstétrica y aún así fue condenada. Y además a una pena severa, injusta, desproporcionada; como se determinó después", señala el abogado Dennis Muñoz. Él la conoció cuando ya estaba en prisión y llevó su caso, como lo hace ahora con María Teresa Rivera desde la Agrupación para la Despenalización del Aborto. "Lo que están haciendo con estas mujeres no es justo. Hace falta corregir la legislación, pero también apuntalar los casos mediante pruebas y médicos especializados, algo que ahora no siempre se hace con todos los medios deseables", considera.

“La prohibición total del aborto genera desprotección. Como las de estas mujeres, consideradas sospechosas de un primer vistazo; también condena a las que necesitan abortar a la clandestinidad”, sostiene Lesbia Gutiérrez, experta de la organización contra el aborto inseguro IPAS. No hay datos oficiales sobre interrupción del embarazo en El Salvador, pero un informe del Instituto Guttmacher y la Organización Mundial de la Salud indica que 25 de cada mil mujeres han pasado por esta intervención en la región. “Las ricas salen del país para hacerlo, pero las pobres recurren a prácticas que pueden ser fatales. Tanto por el riesgo sanitario como por el de la denuncia”, asegura. De hecho, el 60% de las mujeres procesadas por estos delitos fueron denunciadas por el personal sanitario. “Algunos médicos se escudan en un artículo del Código Penal que dicta que cualquier delito de sangre debe ser denunciado, y en ocasiones lo hacen rápidamente y sin indicios de que el aborto es provocado. Aunque lo fuera, están vulnerando el secreto profesional”, dice el ginecólogo Juan Carlos Barahona.

Mery, universitaria de 27 años, acudió al hospital con una fuerte hemorragia en 2012. Asustada, explicó que estaba embarazada de ocho semanas y que había conseguido por Internet unas pastillas de misoprostol, un fármaco para la úlcera que puede provocar aborto. Los facultativos la denunciaron y fue condenada a dos años de prisión. El juez dictó que debía cumplirlos en el penal. Pasó allí una semana. Hasta que se cortó las venas y fue internada en una institución mental. Estuvo allí seis meses. Luego le concedieron medidas sustitutorias. Hoy sigue en tratamiento, pero se ve coartada por sus antecedentes penales para hallar empleo. Prefiere no hablar del caso, su pareja explica que no lo ha superado.

Cristina y Marlene sí lo han hecho. La primera cuenta que ha canalizado su rabia en estudiar. Retomó los libros donde los había dejado años antes y consiguió graduarse. Ahora, a sus 26 años, aprende inglés. Marlene estudia Educación Infantil y está deseando ser profesora. Forman parte de un grupo de recuperación de mujeres que pasaron por la misma situación. Mujeres que pasaron del hospital a la cárcel.

María R.Sahuquillo - El País.com

Injusticias que siguen sucediendo en España y en América Latina contra las mujeres

María Teresa (El Salvador) sufrió un aborto espontáneo, fue al hospital y en menos de veinticuatro horas pasó de la camilla a la celda. Fue condenada a 40 años de prisión por un delito de homicidio, dado que la Constitución de este país, que penaliza el aborto en todos los casos, establece que la vida empieza desde la concepción. En el proceso judicial, que careció de toda garantía procesal, no se respetó su presunción de inocencia. Es uno de los ocho casos que se presentaron en el Tribunal de Derechos de las Mujeres, organizado por la ONG  Mugarik Gabe este fin de semana en Bilbao, con el apoyo de 23 colectivos feministas y a favor de los derechos humanos. 

María, de Navarra, embarazada con sólo 18 años, tuvo que desplazarse a San Sebastián y pagar 300 euros para interrumpir su embarazo, derecho que se le negaba en su comunidad autónoma. Inés, de Gipuzkoa, denunció a su compañero sentimental por violencia de género y, como se había defendido físicamente, terminó acusada de haberle maltratado ella también. Oihana sufrió torturas con componentes sexistas y sexuales durante su detención en régimen de incomunicación en Madrid. María fue perseguida, violada, amenazada, y desplazada forzosamente por un grupo paramilitar en Colombia. Hermelinda, lideresa maya de Guatemala, también se vio obligada a dejar su comunidad, por luchar contra la empresa hidroeléctrica que explotaba los recursos naturales de la región. Sobre ella pesa una orden de captura, acusada de delitos -narcotráfico, terrorismo...- que no ha cometido. A Miren, en Bizkaia, se le negó el derecho a elegir horario a la hora de reducir jornada para poder compatibilizar su empleo en un supermercado con la maternidad. A Alejandra, de nacionalidad paraguaya, los hijos del anciano al que cuida en régimen de interna le exigen una disponibilidad permanente, un abuso que no denuncia ante la justicia, porque teme perder su trabajo y se encuentra sin papeles. 

Estos ocho testimonios, que las propias afectadas contaron por escrito, en vídeo o en el propio Tribunal, se presentaron no como anécdotas, sino como exponentes de la vulneración sistemática de derechos que sufren las mujeres -trabajadoras, inmigrantes, indígenas, activistas, presas- en el contexto español y en el latinoamericano. El tribunal simbólico, explicaron sus promotoras, se propone como una "herramienta de la sociedad civil para hacer incidencia política ante situaciones en las que la propia legislación vulnera los derechos de las mujeres".  Son juicios simbólicos contra la impunidad con la que las instituciones "niegan derechos básicos de las mujeres como el derecho a la salud, a la libertad, a la justicia o a decidir sobre la sexualidad y la maternidad". Se trata también de espacios de empoderamiento, en los que las mujeres no quedan reducidas a víctimas tuteladas por terceros, sino que tienen la oportunidad de contar su historia, hablar de su realidad, denunciar las agresiones sufridas y reclamar justicia. 

La jornada se articuló en torno a tres bloques: derecho al aborto, a una vida libre de violencia y a un nivel de vida digno. En cada uno, una experta en la materia expuso cuál es la situación de negación de ese derecho tanto en el País Vasco y España como en países de América Latina. A continuación, integrantes de asociaciones y sindicatos fueron introduciendo los testimonios de las mujeres afectadas, y finalmente una abogada especializada en cada materia hizo las veces de fiscala, argumentando qué derechos y normas había vulnerado cada institución competente. Con esa información, el jurado -formado por personalidades del ámbito académico, judicial y de la defensa de los derechos humanos- emitió al final de la jornada una declaración que fue avalada por la observación internacional, integrada por representantes de las instituciones vascas y organismos internacionales. 

El jurado empezó por expresar su oposición a "un sistema capitalista, militarista y patriarcal que  sostiene y reproduce la violencia contra las mujeres de manera específica y estructural, anteponiendo el objetivo de maximizar beneficios y lograr el crecimiento económico a la sostenibilidad de la vida". Denunció que las mujeres que defienden sus derechos se exponen a la criminalización y la impunidad de forma sistemática. "Nos solidarizamos con sus demandas de verdad y justicia, lo que puede constituir una reparación simbólica para todas las mujeres que han sufrido violencias similares", destacaron. 

"Violencia de Estado contra las mujeres"

A continuación, enumeraron sus resoluciones simbólicas de condena contra los Estados y empresas implicados en los casos expuestos. Condenaron al Estado español por vulnerar el derecho al aborto y pretender restringirlo aún más "en complicidad con la jerarquía de la Iglesia católica"; por mantener una Ley de Extranjería que aboca a las mujeres inmigrantes a la precariedad y la explotación laboral; por regular "de forma discriminatoria e indebida" el trabajo doméstico; por desoír las recomendaciones internacionales contra la tortura sexista y la práctica de la incomunicación durante las detenciones, y por no garantizar la justicia para las víctimas de la violencia machista. Al Estado colombiano, por no garantizar los derechos y la reparación de las sobrevivientes de persecución y violencia sexual en el contexto del conflicto armado. Al Gobierno de El Salvador, por "ejercitar violencia de Estado" contra las mujeres que ejercen el derecho a interrumpir su embarazo y violar el derecho a la presunción de inocencia de aquellas acusadas de haber abortado. Y, por último, al Gobierno guatemalteco por "prestar colaboración militar, policial y judicial" a las empresas empresas transnacionales que explotan los recursos naturales de las comunidades indígenas y agreden a sus líderes y lideresas. 

El jurado instó a los Estados y organismos internacionales a cumplir con las normativas en materia de derechos humanos, "más allá de las meras declaraciones de intenciones". Durante los próximos meses, las organizaciones y personas implicadas en el Tribunal de Derechos de las Mujeres celebrarán reuniones para estudiar cómo hacer llegar sus demandas a las instituciones implicadas, a los organismos internacionales y a la opinión pública.

June Fernández -El diario.es

"Las ricas abortan, las pobres se desangran en El Salvador"

Sara García (Chalchuapa, El Salvador, 1986) acaba de aterrizar en España. Y el día que salió de El Salvador respiró con una alegría inmensa. Después de acompañar y asistir psicológicamente a Beatriz -la mujer que ha estado a punto de morir porque no se le permitía abortar pese a saberse que su hijo no tenía cerebro, Sara García podía celebrar que esta mujer de 22 años no se había quedado desangrada por el camino como muchas otras. O en la cárcel. En El Salvador, el aborto está prohibido en la Constitución e interrumpir el embarazo puede acarrear penas de hasta 50 años para las mujeres y de 12 para los médicos que los practican. Este fin de semana, Sara García participa en Bilbao en la iniciativa coordinada por la ONG Mugarik Gabe de plantear un tribunal simbólico para denunciar la violación de los derechos de la mujer y su invisibilización histórica. Activista feminista, García forma parte de la Agrupación ciudadana para la despenalización terapeútica, ética y eugenésica del aborto en El Salvador.

Pregunta. ¿Qué se pretende con este tribunal de derechos de las mujeres en el que usted va participar?

Respuesta. Este tribunal simbólico va a permitir visibilizarnos, visibilizar las injusticias que se están viviendo con la penalización absoluta del aborto que tenemos en El Salvador. Una legislación que impide a las mujeres decidir sobre su cuerpo y sobre su vida. Incluso cuando se han producido violaciones o cuando hay malformaciones, no es posible abortar. Las mujeres transitan del hospital a la cárcel. En nuestro tribunal concretamente vamos a denunciar el caso de Teresa, de 28 años, que ha sido condenada a 40 años de prisión. Se le ha juzgado en base a prejuicios y sin pruebas científicas directas y lleva en prisión casi dos años. Todo en el marco de unas condiciones de pobreza, ya que no tenemos acceso a un sistema de salud digno. Buscamos solidaridad y denuncia internacional. Hemos logrado sacar a siete mujeres de la cárcel en condiciones muy similares a la de Teresa. Mujeres con abortos espontáneos, partos prematuros no asistidos, etc que llegan desmayadas y son denunciadas por la enfermera o por el médico.

P. La Constitución de su país prohíbe expresamente el aborto y las penas por interrumpir el embarazo son muy duras.

R. Sí, las mujeres son acusadas de abortar, pero durante el proceso judicial se les cambia la figura penal, que pasa a ser homicidio agravado, por el que pueden ser condenadas de 30 a 50 años de cárcel. Es el caso de Teresa y de tantas otras. Con esa legislación, las mujeres siempre llevan las de perder.

P. ¿Cómo han conseguido sacar de prisión a estas siete mujeres?

R. Ha habido varios elementos: una comisión jurídica que identifica los errores judiciales: pruebas forenses que no existen, o pruebas científicas que no están, etc. Y con ello se puede revisar el juicio. Y luego el otro elemento es la presión del movimiento feminista, de las organizaciones de mujeres y movimientos sociales. Redes de solidaridad muy amplias en mi país y también a nivel internacional. Se tienen que sentir observados y darse cuenta de que va a haber más presión todavía.

P. El caso de Beatriz ha cruzado el charco informativamente. ¿Cree que este hecho les puede servir como espaldarazo en su lucha por la despenalización del aborto?

R. Realmente sí, porque planteó una causa justa: una mujer que necesita que le interrumpan el embarazo y que, sin embargo, hay un vacío legal en El Salvador que lo impide y un código penal que directamente lo persigue. Se logró evidenciar ese hecho. Y a nivel internacional ha habido mucho apoyo de las mujeres de Amnistía Internacional, que nos han ayudado a difundir el caso por todas las redes.

P. De hecho, hasta la ONU ha recomendado que se abra un debate serio y profundo sobre la regulación tan restrictiva que tiene su país en relación con el aborto.

R. Efectivamente, ha instado a un debate en profundidad. De hecho la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, primera médica en mi país y una de las tres primeras diputadas en El Salvador, con una trayectoria política muy admirable, se ha pronunciado públicamente y la Procuraduría de Derechos Humanos también. Sin embargo, los diputados y diputadas no han dicho nada, siendo cómplices del sufrimiento que este caso ha supuesto. Los partidos consideran que este tema siempre tiene un coste político electoral, se pierden votos. El año que viene tocan elecciones presidenciales. La propia pareja del presidente dijo que no quería que el caso Beatriz se tomara como un tema electoral, incluso antes de decir que se solidarizaba o cualquier cosa. Y dijo que en El Salvador hablar del aborto no está en las reglas de juego de este gobierno. Y ya llevamos 16 años de esta legislación absolutista. El Estado del Salvador no se puede quedar callado. Exigimos que comience ya ese debate en la Asamblea legislativa para que pueda haber un cambio real. Se ha producido un cambio en el imaginario de la sociedad: ya no estamos ante el dilema de el aborto es bueno o es malo, algo que, de alguna manera, nos habían construido. Es que era una necesidad para Beatriz, no se podía mirar para otro lado. Y muchos ni sabían que ese tipo de aborto estaba penalizado.

P. Quería recordar unas palabras precisamente de la ministra de Salud, que animaba la juventud a luchar por sus derechos, aunque reconocía que El Salvador "tiene grupos tremendamente cerrados".

R. Hay grupos fundamentalistas que tienen un gran poder económico, político, mediático. Una de las líderes del grupo "Sí a la vida", que nosotros apostillamos sin derechos, escribe prácticamente cada semana en el Diario de Hoy, uno de los medios masivos, y sus artículos siempre están en contra del aborto y de los matrimonios del mismpo sexo, otra de sus banderas.

Beatriz estaba lejos de su familia, de su hijo de un año, de su compañero. Cuando venía su hijo le dejaban estar con él diez minutos porque no estaba en condiciones. Fue muy duro para ella. Y escuchando en la radio los mensajes que daban sobre ella y su caso los grupos fundamentalistas.

P. ¿Qué presiones han tenido que vencer los médicos que han tratado a Beatriz y el hospital donde estaba ingresada por parte de las organizaciones antiabortistas o de la Conferencia episcopal de El Salvador?

R. Los médicos tenían miedo. Esos grupos fundamentalistas son muy agresivos y tienen un gran poder mediático y han tenido presión directa por su parte. Tenían miedo a ser procesados y luego a perder el prestigo porque vas a quedar ya marcado. Sin embargo, hay que destacar que el comité médico que ha atendido a Beatriz estaba muy comprometido con ella. Recomendaron el aborto terapeútico cuando vieron el diagnóstico tanto de ella, como la situación que traía la criatura, sin cerebro. Pero no solo esos grupos, también ha presionado el Instituto de Medicina Legal, que está dirigido por una persona vinculada a los grupos del "Sí a la vida", una organización antiabortista con mucha influencia. Por eso ha sido tan importante la postura de la ministra de Salud.

P. ¿Ustedes han sentido miedo?

R. Algunas compañeras han visto el riesgo muy de cerca porque han sido difamadas.

P. Hay una derivada legal muy interesante en el caso de Beatriz. El Constitucional rechazó el amparo solicitado por ella para poder abortar, pero sin embargo la Corte Interamericana -en una decisión sin predecentes- exigió a El Salvador que cumpliera con el tratamiento recomendado por los médicos y por el comité ético del hospital, esto es, que se interrumpiera el embarazo sin más dilación.

R. Fue muy importante porque es un pronunciamiento vinculante. Y bastante relevante porque, entre otras cosas, los médicos se sintieron más respaldados para actuar. El propio Constitucional, aunque rechazó el recurso de Beatriz, incluyó un párrafo en la resolución en el que señalaba que eran los médicos, al fin y al cabo, los que tenían que tomar la decisión. Les daba la potestad de actuar en el momento que fuera necesario.

P. Al final el caso de Beatriz, pese a los riesgos tan evidentes para su salud, se ha podido solucionar in extremis con una cesarea, pero ¿cuántas Beatrices hay en su país?

R. Por eso vamos a mantener la lucha. Cada día hay mujeres que llegan al límite y no hay un servicio de salud adecuado para practicar un aborto terapeútico. Incluso las cifras oficiales son engañosas porque muchas veces mujeres que han muerto por alguna causa relacionada con el embarazo se recoge de otra manera, se cataloga de otra forma en las estadísticas. Las Beatrices van a seguir apareciendo y el personal médico se va a ver atado de pies y manos una vez más, y no va a haber un recurso de amparo en cada caso. Además, ella lo ha vivido como una tortura, aguantando todas estas presiones. Los fundamentalistas le decían directamente cosas como: "no vayas a triturar a tu hijo, no lo vayas a asesinar". Usando un lenguaje tremendo para tratar de culpabilizarla.

P. ¿En esos grupos incluye también a la Conferencia episcopal salvadoreña?

R. Sí claro. Han estado muy activos. La Conferencia de hecho lanzó una campaña para que en todas las misas de un domingo se hablara del caso, se leyeran los pronunciamientos de la propia Conferencia episcopal en los que se subrayaba que lo que estaba pasando con Beatriz no constituía una violación de derechos humanos.

P. Por eso era tan importante el acompañamiento psicológico que usted y personas de su organización le han dado a Beatriz.

R. Era una tortura para ella. Tener que llegar hasta el final, ver a su hija, que no traía cerebro [que murió al de pocas horas de practicarse la cesárea]. Estábamos pendiente de ella, de acompañarla psicológicamente. Todos los días una de nosotras estábamos ahí, pendiente de lo que pasaba. Un contacto directo, se ha creado un vínculo con ella muy fuerte. Pero no podemos estar así para cada mujer que necesite un aborto.

P. ¿Cómo han sido esos momentos de apoyo a Beatriz?

R. Nosotras estábamos desesperadas porque era un hospital con un cuartito pequeñísimo con dos camas, sin ventilación. Y Beatriz estaba lejos de su familia, de su hijo de un año, de su compañero de vida. Cuando venía su hijo le dejaban estar con él diez minutos porque no estaba en condiciones. Fue muy duro para ella. Y escuchando la radio, los mensajes que se daban sobre ella y su caso, a los grupos fundamentalistas, que hablaban mal de Beatriz. Ella se quería ir, pero los médicos le decían que no era posible porque se podían complicar mucho las cosas y podía ocurrir cualquier cosa, incluso un desenlace fatal. No aguantaba estar allí. Pero también escuchaba todo lo que se estaba haciendo por ella. Beatriz ha ido de la mano con nosotras todo el rato.

P. Uno de los problemas con legislaciones tan poco permisivas con el aborto es que quien puede pagárselo se va del país a abortar, pero quien no tiene poder adquisitivo tiene que abortar en unas condiciones muchas veces lacerantes.

R. Así es. Tenemos esta frase que dice que las ricas abortan y las pobres se desangran. Lo tienen que hacer de forma clandestina, arriesgan sus vidas. Y son mujeres que lo necesitan, se les niega su derecho y al final se llega a casos tan extremos como el de Beatriz. El problema también es que una mujer que llega con un aborto espontáneo a un hospital pierde su presunción de inocencia y solo por el hecho de ser mujer y pobre es perseguida. Ha tenido un aborto y es culplable.

P. Y sin embargo lo que demuestran los estudios es que la tasa de abortos es menor en aquellos países con leyes permisivas o reguladas con supuestos determinados.

R. Sí, de hecho es un momento muy importante para nosotras poder lograr una ley que incluya determinadas causas concretas para que permitan a las mujeres por motivos de salud u otros poder abortar. Esperamos que este caso ayude y que, frente a lo que pasa ahora, que se percibe como un coste político hablar de este asunto, que el coste político sea quedarse en silencio.

Aitor Guenaga - Eldiario.es

Cuando brotaron las primaveras árabes, nos preguntamos cómo se podían considerar democracias unos regímenes que no garantizaban los derechos de las mujeres

Almudena Grandes

¿La recuerdan? Que si ha sido penalti, que si no, que si vuelve a darle... El aparato que revolucionó las viejas tardes de fútbol, amenaza ahora con gobernar nuestro destino. Las reválidas, la asignatura de religión, la ley del aborto de 1985, los emigrantes en Alemania, la pobreza... Y las mujeres.

El feminismo inspiró la única revolución social triunfante en el siglo XX. En el XXI, seguimos representando la mayoría de la población mundial, pero la igualdad que no conseguimos está cada vez más lejos. La jerarquía católica salvadoreña denuncia que la tragedia de Beatriz, embarazada de un feto inviable que pone en riesgo su vida, es una manipulación a favor del aborto. La tunecina Amina Tyler afronta una severa condena por haber dispuesto de su propio cuerpo en un país musulmán. Cuando brotaron las primaveras árabes, algunos —más bien algunas— nos preguntamos cómo se podían considerar democracias unos regímenes que no garantizaban los derechos de las mujeres. Ésta es la respuesta. Pero no pasa nada.

En España, ya lo ven, tampoco. Sin embargo, viendo la alegría con la que el Gobierno le da a la moviola, me sorprende que no haya promovido aún una medida que solucionaría muchos de sus problemas. Con una reforma aquí, otra allá, podrían incapacitar administrativamente a las mujeres como en los años cuarenta del siglo pasado. ¿Se imaginan lo bien que le vendría a la ministra de Sanidad que su marido pudiera abrir y cerrar cuentas bancarias a su nombre sin tener que darle explicaciones? De la Infanta, ya, ni hablamos. Y eso sin contar con que prohibiendo el trabajo remunerado a las casadas, como Pilar Primo de Rivera logró en la posguerra, bajaría el paro una barbaridad. El portavoz del PP en el Congreso ha declarado que Ana Mato no es tonta, y tiene razón. Somos mucho más tontos los demás, por tragar con lo que estamos tragando.

El Tribunal Constitucional y las mentiras de Gallardón en la reforma de la ley del aborto

Mar Esquembre Cerdá 

Desde que anunciara, tiempo ha, la reforma de la ley del aborto (sin aportar, por cierto, ni un solo documento) Gallardón ha repetido sin cesar que la misma obedece a un deber de lealtad constitucional que únicamente se cumple si se legisla de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, expresada principalmente en la sentencia de 11 de abril de 1985. Primera y gran mentira de la que derivan todas las demás. Gallardón pone en boca del TC lo que éste no ha dicho. Por ello, creo que es interesante exponer algunas cuestiones principales sobre la citada sentencia.

Una. Declaró la constitucionalidad de la despenalización del aborto en los tres supuestos ya conocidos. Únicamente advirtió de la necesidad de introducir cautelas (exigencia de informes médicos) en los casos de aborto terapéutico y eugenésico, como así se hizo en 1985 (y como hace la actual Ley).

Dos. La Constitución establece en su art. 1.1 que los valores superiores del ordenamiento jurídico son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (pequeño detalle que olvidó mencionar el TC en su sentencia, pero sí se recoge en los votos particulares a la misma, que, por cierto, fueron 6, la mitad de miembros de que se compone). El TC sumó a éstos la vida, si bien ligada ésta a la dignidad de la persona del artículo 10 de la Constitución.

Tres. Dejó claro que la vida del nasciturus es un bien jurídico protegido por el art. 15 de la Constitución, pero no le corresponde la titularidad del derecho a la vida. Titular de derechos sólo lo puede ser la persona. No se trata, por tanto de un caso de colisión de derechos, sino entre un bien jurídico (el nasciturus) y un derecho fundamental (el de la mujer).

Cuatro. Afirma que "el legislador puede adoptar cualquier solución dentro del marco constitucional, pues no es misión de este Tribunal sustituir la acción del legislador".

Pues bien, el "legislador" ya actuó con la aprobación de la actual Ley. Y lo hizo con todas las cautelas, sabiendo que iba a ser recurrida. Una Ley que respeta escrupulosamente esa jurisprudencia, aunque el marco constitucional permitiría otra regulación más favorable a los derechos de las mujeres. Una Ley que el TC no puede declarar inconstitucional, puesto que tiene que hacerlo basándose en criterios jurídicos y carece de ellos. Por eso Gallardón quiere reformar la Ley sin esperar a que se pronuncie el TC. No llegaron a tiempo para cargarse el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero están a tiempo de legislar en contra de la Constitución, algo que se les da francamente bien. Me pregunto si nuestra libertad no está durmiendo en algún cajón del TC.