María Teresa (El Salvador) sufrió un aborto espontáneo, fue
al hospital y en menos de veinticuatro horas pasó de la camilla a la celda. Fue
condenada a 40 años de prisión por un delito de homicidio, dado que la
Constitución de este país, que penaliza el aborto en todos los casos, establece
que la vida empieza desde la concepción. En el proceso judicial, que careció de
toda garantía procesal, no se respetó su presunción de inocencia. Es uno de los
ocho casos que se presentaron en el Tribunal de Derechos de las Mujeres,
organizado por la ONG Mugarik Gabe este
fin de semana en Bilbao, con el apoyo de 23 colectivos feministas y a favor de
los derechos humanos.
María, de Navarra, embarazada con sólo 18 años, tuvo que
desplazarse a San Sebastián y pagar 300 euros para interrumpir su embarazo,
derecho que se le negaba en su comunidad autónoma. Inés, de Gipuzkoa, denunció
a su compañero sentimental por violencia de género y, como se había defendido
físicamente, terminó acusada de haberle maltratado ella también. Oihana sufrió
torturas con componentes sexistas y sexuales durante su detención en régimen de
incomunicación en Madrid. María fue perseguida, violada, amenazada, y
desplazada forzosamente por un grupo paramilitar en Colombia. Hermelinda, lideresa
maya de Guatemala, también se vio obligada a dejar su comunidad, por luchar
contra la empresa hidroeléctrica que explotaba los recursos naturales de la
región. Sobre ella pesa una orden de captura, acusada de delitos -narcotráfico,
terrorismo...- que no ha cometido. A Miren, en Bizkaia, se le negó el derecho a
elegir horario a la hora de reducir jornada para poder compatibilizar su empleo
en un supermercado con la maternidad. A Alejandra, de nacionalidad paraguaya,
los hijos del anciano al que cuida en régimen de interna le exigen una
disponibilidad permanente, un abuso que no denuncia ante la justicia, porque
teme perder su trabajo y se encuentra sin papeles.
Estos ocho testimonios, que las propias afectadas contaron
por escrito, en vídeo o en el propio Tribunal, se presentaron no como
anécdotas, sino como exponentes de la vulneración sistemática de derechos que
sufren las mujeres -trabajadoras, inmigrantes, indígenas, activistas, presas-
en el contexto español y en el latinoamericano. El tribunal simbólico,
explicaron sus promotoras, se propone como una "herramienta de la sociedad
civil para hacer incidencia política ante situaciones en las que la propia
legislación vulnera los derechos de las mujeres". Son juicios simbólicos contra la impunidad con
la que las instituciones "niegan derechos básicos de las mujeres como el
derecho a la salud, a la libertad, a la justicia o a decidir sobre la
sexualidad y la maternidad". Se trata también de espacios de
empoderamiento, en los que las mujeres no quedan reducidas a víctimas tuteladas
por terceros, sino que tienen la oportunidad de contar su historia, hablar de
su realidad, denunciar las agresiones sufridas y reclamar justicia.
La jornada se articuló en torno a tres bloques: derecho al
aborto, a una vida libre de violencia y a un nivel de vida digno. En cada uno,
una experta en la materia expuso cuál es la situación de negación de ese
derecho tanto en el País Vasco y España como en países de América Latina. A
continuación, integrantes de asociaciones y sindicatos fueron introduciendo los
testimonios de las mujeres afectadas, y finalmente una abogada especializada en
cada materia hizo las veces de fiscala, argumentando qué derechos y normas
había vulnerado cada institución competente. Con esa información, el jurado
-formado por personalidades del ámbito académico, judicial y de la defensa de
los derechos humanos- emitió al final de la jornada una declaración que fue
avalada por la observación internacional, integrada por representantes de las
instituciones vascas y organismos internacionales.
El jurado empezó por expresar su oposición a "un
sistema capitalista, militarista y patriarcal que sostiene y reproduce la violencia contra las
mujeres de manera específica y estructural, anteponiendo el objetivo de maximizar
beneficios y lograr el crecimiento económico a la sostenibilidad de la
vida". Denunció que las mujeres que defienden sus derechos se exponen a la
criminalización y la impunidad de forma sistemática. "Nos solidarizamos
con sus demandas de verdad y justicia, lo que puede constituir una reparación
simbólica para todas las mujeres que han sufrido violencias similares",
destacaron.
"Violencia de Estado contra las mujeres"
A continuación, enumeraron sus resoluciones simbólicas de
condena contra los Estados y empresas implicados en los casos expuestos.
Condenaron al Estado español por vulnerar el derecho al aborto y pretender
restringirlo aún más "en complicidad con la jerarquía de la Iglesia
católica"; por mantener una Ley de Extranjería que aboca a las mujeres
inmigrantes a la precariedad y la explotación laboral; por regular "de
forma discriminatoria e indebida" el trabajo doméstico; por desoír las
recomendaciones internacionales contra la tortura sexista y la práctica de la
incomunicación durante las detenciones, y por no garantizar la justicia para
las víctimas de la violencia machista. Al Estado colombiano, por no garantizar
los derechos y la reparación de las sobrevivientes de persecución y violencia
sexual en el contexto del conflicto armado. Al Gobierno de El Salvador, por
"ejercitar violencia de Estado" contra las mujeres que ejercen el
derecho a interrumpir su embarazo y violar el derecho a la presunción de
inocencia de aquellas acusadas de haber abortado. Y, por último, al Gobierno
guatemalteco por "prestar colaboración militar, policial y judicial"
a las empresas empresas transnacionales que explotan los recursos naturales de
las comunidades indígenas y agreden a sus líderes y lideresas.
El jurado instó a los Estados y organismos internacionales a
cumplir con las normativas en materia de derechos humanos, "más allá de
las meras declaraciones de intenciones". Durante los próximos meses, las
organizaciones y personas implicadas en el Tribunal de Derechos de las Mujeres
celebrarán reuniones para estudiar cómo hacer llegar sus demandas a las
instituciones implicadas, a los organismos internacionales y a la opinión
pública.
