Los que toman la decisión de abandonar el Punto de Encuentro son los jueces, no la Consejería

• Varias usuarias denuncian que se les ha invitado a abandondar este servicio
• La Junta de Gobierno del Colegio evaluará esta situación en su reunión de hoy
• Sanidad asegura que no ha habido ninguna variación sobre la gestión de este espacio

No es fácil asimilar, y así lo denuncian algunas afectadas, que quien tiene que defenderte frente a un agresor te invite a 'buscarte la vida', a gestionar de forma aislada una situación para la que se necesita ayuda. Es lo que sienten María y Laura —nombres ficticios que preservan su anonimato—, usuarias del Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Albacete, víctimas de violencia de género y perjudicadas, según sus testimonios, por una situación insólita. El pasado diciembre, en el caso de Laura y hace un mes, en el de María, recibieron la invitación a abandonar voluntariamente este servicio, por ser de las que más tiempo venían beneficiándose de él. Según María, en palabras de la propia directora de este espacio, "son más de 40 las mujeres a las que se ha indicado esta posibilidad".

"No puede modificar la circunstancia que impone una sentencia de un juez quien no es parte en ese problema"

La manera de hacerlo, como ambas denuncian, era entregando un documento sin sello ni membrete en el que la víctima acordaba establecer los encuentros, que hoy realizan en el PEF con su agresor para la conciliación con el hijo de ambos, fuera de ese espacio, sin vigilancia y en un lugar pactado entre maltratada y maltratador. "Me invitan a firmar mi sentencia de muerte", señaló María a la propia directora del servicio. A lo que Laura añade: "Tengo la sensación que ellos también temen a los maltratadores y de alguna manera los protegen frente a quienes somos las víctimas".

Este situación, sumada a que desde que el centro fue trasladado este verano de la calle San Agustín a Núñez de Balboa —cerrando sin alternativas durante ese tiempo— y a que en los últimos fines de semana y puentes no se ha atendido este servicio, ha motivado que la vicedecana del Colegio de Abogados, Llanos López, encargue un estudio entre los letrados implicados en este asunto para evaluar la situación.

"De ser cierto, se trata de todo un disparate. No puede modificar la circunstancia que impone una sentencia de un juez quien no es parte en ese problema", explica López. Reconoce que una vez analizado el resultado del estudio encargado, que se debatirá también hoy en la Junta de Gobierno del Colegio de abogados, "si realmente es cierto, tendremos que postularnos y hacer valer la posición como Colegio para reclamar el mantenimiento de un servicio que estaba funcionando bien hasta ahora", afirma.

El reglamento que rige la organización y funcionamiento de los PEF en Castilla-La Mancha —publicado en el Diario Oficial de la región el 30 de enero de 2009— incide en que la intervención temporal que realiza el PEF "tendrá una duración máxima de 15 meses", salvo que exista una orden de alejamiento, situaciones claras de peligro para los hijos o algún otro supuesto establecido por resolución judicial. También se establece que la intervención del PEF podrá finalizar por decisión de la Delegación provincial que derivó el caso o por resolución de la autoridad judicial.

Un hecho que ahonda en la ilegalidad del documento trasladado a algunas usuarias, como María y Laura, para abandonar por su voluntad el servicio y en el que se señala "que el Punto de Encuentro Familiar ha comunicado a ambos progenitores el cese de la intervención con la unidad familiar al sobrepasar el criterio de temporalidad y no reunir ningún requisito para seguir haciendo uso de este organismo". Ese documento se entregó y se invitó a firmarlo, al menos en el caso conocido de María y Laura —aunque podrían ser más las afectadas—, a dos mujeres con órdenes de alejamiento en vigor.

Consecuencia de los recortes

Como viene reiterando desde hace semanas la viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en la capital, Carmen Oliver, y denunciaba este lunes la concejal de Izquierda Unida, Victoria Delicado, "esas invitaciones obedecen a los recortes que desde la Junta se están llevando a cabo en políticas de igualdad, políticas sociales y en particular en este recurso". Ambas ediles recuerdan que hay un reglamento en vigor, que impide que la decisión de que las usuarias del PEF dejen de hacer uso del servicio corresponda únicamente a la dirección o a los técnicos de este organismo. "Si hay que revisar alguno de los regímenes de visitas, no pueden ser con carácter general, sino de manera individualizada y ajustándose al procedimiento", señala Carmen Oliver.

Desde la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, de la que depende la gestión de los PEF, desmienten toda acusación por parte de los partidos en la oposición e indican que "el centro sigue ofreciendo las mismas condiciones a sus usuarias, condiciones que no han variado en nada desde principios de año". Y concluye: "Los que toman la decisión de que una familia deje de utilizar el centro son los jueces, no la Consejería".

Estas últimas declaraciones contrastan con las recogidas por eldiario.es señalando que fuentes de la Consejería insistieron en que estos servicios son "recursos limitados en el tiempo" y que "no se pueden estar a perpetuidad". Quizá nos encontremos ante un cambio de criterio y con ello el fin de una situación que podría encontrar en los próximos días el rechazo público de un organismo como el Colegio de abogados.

G. FERNÁNDEZ-DiarioAB.com