Ante estas medidas, no podemos quedarnos calladas, mientras nos condenan a la clandestinidad, poniendo en peligro nuestras vidas con abortos ilegales. La interrupción voluntaria de embarazo no puede estar tipificada, como hoy pasa, como delito dentro del Código Penal. No somos delincuentes, somos mujeres, con derechos (aunque a algunos no les guste), que queremos decidir sobre nuestra maternidad. El aborto debe de estar incluido en la sanidad pública y ser accesible a todas las mujeres, independientemente de su origen y situación legal. Y la educación sexual, y el acceso a los anticonceptivos, es una premisa imprescindible para no tener que abortar.
La crisis no sólo implica una pérdida de derechos económicos, sociales, democráticos, laborales sino, también, sexuales y reproductivos. Asistimos a una ofensiva político-ideológica que nos hace retroceder décadas en libertades que han costado años de lucha conseguir. Unas medidas de derechas, machistas y homófobas, que aumentan las desigualdades y golpean, principalmente, a las que menos tienen.
No olvidemos la reciente medida del PP que niega los tratamientos de reproducción asistida (inseminación artificial y fecundación in vitro) en la sanidad pública a lesbianas y a mujeres solas. Una política que atenta contra la igualdad de acceso a los servicios públicos, que discrimina a determinados colectivos y que busca imponer un único modelo de familia. Nos quieren con miedo, pobres, sumisas, calladas y heterosexuales. Pero frente a la cotilla heteropatriarcal que buscan imponer, nos reivindicamos diversas y libres. Libres para decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad.
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario