El título se refiere a las mujeres que interrumpieron su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación por motivos económicos, sociales o personales; las que lo hicieron debido a patologías graves del feto y las menores de 16 y 17 años que decidieron abortar sin comunicarlo a sus padres o tutores legales. Esto es, la gran mayoría del total de 118.365 mujeres que se realizaron abortos en nuestro país en el año 2011, último del que se tienen datos en el Ministerio de Sanidad. 100.000 mujeres que quedarían fuera de la ley si sale adelante la reforma planteada por el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Un proyecto que aprobará el Consejo de Ministros antes de fin de año, muy probablemente el viernes 20.
Virginia decidió abortar porque en el momento en el que se quedó embarazada no tenía pareja estable ni recursos para formar una familia. "El coste emocional de seguir adelante iba a ser mucho mayor" que el de no hacerlo, explica en el vídeo. "No era el mejor momento ni para mí ni para las personas que estaban a mi alrededor". Representa a esas 101.607 mujeres que interrumpen su embarazo por voluntad propia dentro de las 14 primeras semanas de gestación alegando razones sociales, económicas o personales, y que quedarán en un total desamparo legal con la reforma de Gallardón.
Alba era menor de 17 años cuando se quedó embarazada por un fallo anticonceptivo. Las creencias religiosas de su madre y la incomunicación entre sus progenitores la llevaron a no compartir con ellos su situación. "Mi madre me lo habría impedido. Son mis padres pero son como extraños", cuenta en el vídeo. Alba es una de las 500 menores que decidieron no comunicar su decisión de interrumpir el embarazo a sus padres o tutores legales. En 2011 fueron 4.700 las menores de 18 años que se sometieron a esta intervención, un 4% del total. A pesar de las amenazas por parte del PP de que la ley de 2010, que permite a estas menores abortar sin consentimiento paterno, supondría un "efecto llamada" para otras chicas en el mismo caso, desde la aprobación de la ley vigente este 4% se ha mantenido invariable, según explicó en el acto de presentación del vídeo Francisca García, presidenta de ACAI.
Lucía y su pareja querían tener un hijo, pero les comunicaron que el feto padecía el síndrome de Turner, los que significaba que podría morir en los primeros meses de vida o, en todo caso, crecer con muchas deficiencias y dificultades. "Con mucho dolor, decidimos no tenerlo", confiesa en la cinta. De las 3.234 mujeres que abortan por una patología fetal grave, con el anteproyecto de Ruiz-Gallardón (o lo que se sabe de él) sólo podrían hacerlo el 0,09%, ya que este contempla la posibilidad de interrumpir el embarazo sólo en el caso de patologías incompatibles con la vida.
Los datos muestran una bajada de los abortos
Francisca García ha contado en la presentación que ACAI ha solicitado una reunión con el ministro de Justicia en repetidas ocasiones. Por fin el pasado 2 de diciembre fueron recibidos por el secretario de Estado de Justicia, que no les aclaró ningún punto de la nueva ley y que sólo les dijo que sabiendo sus ideas no estarían contentos con ella. García respondió que "no se trata de una cuestión de ideologías" y que entre unas ideas y otras estaba lo importante, la realidad de esas más de 100.000 mujeres que van a interrumpir su embarazo estén o no amparadas por la ley, llegando a recurrir a viajes al extranjero o, si fuese necesario, a clínicas clandestinas, con el consiguiente riesgo para su salud y su vida, como reconocen las protagonistas del vídeo.
"La reforma de Gallardón sacará de la ley a estas mujeres y a los profesionales que realizamos las intervenciones. Nos dejará en una gran inseguridad jurídica, pero no cambiará la decisión de las mujeres", afirmó contundente García. Y recordó que cualquiera de nosotras, "incluso las más contrarias al aborto, podemos vernos afectadas por un embarazo no deseado". Además, recalcó, aunque aún no se conoce el total estatal de 2012, los últimos datos de algunas de las comunidades autónomas más grandes muestran una disminución de los abortos, dato que, de confirmarse, restaría argumentos a la necesidad de reformar la actual ley.
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