“Desde que declaré allá, solamente declaré lo que fueron las muertes y todo eso… pero a mí nunca me preguntaron por mi vida”. La que habla es una mujer de Primavera, Arauca, un remoto poblado en el oriente de Colombia que se queja por la indiferencia que ha tenido el país con la tragedia que les ha tocado padecer a miles de mujeres en décadas de conflicto armado. Es el inicio de un extenso relato al que se suman mil más, y que el colectivo feminista la Ruta Pacífica de las Mujeres ha reunido en tres años, a través de una suerte de comisión de verdad y memoria.
Pero además de recordar los dolorosos hechos, estas mujeres hablaron sobre cómo han sobrevivido y enfrentado su dolor. La idea de este trabajo es que su sufrimiento y vivencias en medio de la guerra, puedan aportar a la paz y a la reconciliación en Colombia, ahora que se espera que esté cerca el fin del conflicto. “Las consecuencias no son daños colaterales de un conflicto armado; necesitan escucharse y exigen un reconocimiento”, dice el informe La verdad de las mujeres, presentado esta semana en Bogotá.
Allí están las voces de las mujeres víctimas de la Operación Orión en la comuna 13 de Medellín en 2003, en la que en paramilitares aliados con miembros de la Fuerza Pública se apoderaron de la zona cometiendo asesinatos y desapariciones. “Tengo una amiga a la que le desaparecieron a su hijo y no ha denunciado porque le da miedo. Ella llora y me dice: ‘Gloria, yo sueño que él está en una volqueta (camión) y me dice que ya no está”, contó una mujer.
Igual de dramáticos son los testimonios de las madres de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales de Soacha, una localidad vecina de Bogotá, de la que los militares secuestraron a muchachos para asesinarlos y presentarlos como guerrilleros o paramilitares muertos en combate, un escándalo destapado en 2008. “Con mi hijo no sé qué estrategia utilizaron porque él era un niño en un cuerpo de adulto. Tenía 26 años, con mentalidad de nueve años”, narró una de las madres, víctima de los más de 1.500 casos que ha investigado la justicia desde 2000.
Otras mujeres narraron cómo sus familias fueron secuestradas por las FARC, o cómo indígenas salieron ilesas de la masacre del Naya, en la que en 2001 los paramilitares asesinaron a unas 30 personas, por citar algunos hechos documentados. “La mataron en el Ceral. Le mocharon la cabeza y la cabecita se la metieron en una estopa y la tiraron para la carretera así pa abajo”, dice otro testimonio.
Estos relatos están en dos libros que suman 1.000 páginas, de donde también salen cifras escandalosas. El 76% de las mujeres entrevistadas fueron desplazadas y 8 de cada 10 fueron torturadas o recibieron un trato cruel. La mitad de ellas fue amenazada y una de cada ocho sufrió violencia sexual. También sorprende que del 63% de los hechos denunciados, solo el 18% está siendo investigado. Para las mujeres entrevistadas es clave conocer la verdad, ser reconocidas como víctimas y que se les diga cómo acceder a la reparación. Este informe es, pues, una invitación a combatir la desmemoria.
Las supervivientes aspiran a que se constituya una verdadera comisión de la verdad que aclare los crímenes y que incluya la perspectiva de las víctimas.
ELIZABETH REYES L. Bogotá
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