“Las víctimas de violencia de género en España,
desafortunadamente, no reciben el mismo tratamiento especializado en función de
la comunidad autónoma en la que residan y además, depende de si están en una
ciudad o en un pueblo y el acceso que tienen a los servicios. Hay que reclamar
medidas para evitar que haya víctimas de primera y segunda” afirma la
presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo
General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán.
"Desde el observatorio hemos comprobado que hay una
gran dispersión de los recursos y que hay una gran heterogeneidad, porque los
recursos sociales asistenciales son dependientes de las comunidades autónomas,
que son quienes tienen las competencias en esa materia", ha señalado en
una entrevista en la que ha sentenciado que, desde esta perspectiva, las
víctimas "no" son iguales en España.
"Es necesario
homogeneizar recursos" y "dar una respuesta más ágil y
rápida"
Montalbán reconoce
que esta realidad es "muy difícil de explicar" a una mujer que sufre
malos tratos y que en su comunidad autónoma carece de una serie de recursos que
en la región vecina sí se le proporcionarían. "Sólo se le puede decir que
son competencias de las comunidades autónomas que cada una ha ido desarrollando
en función de sus previsiones legislativas y lo que ha considerado adecuado en
cada momento. Evidentemente, no es una explicación satisfactoria", ha
apuntado.
Como ejemplo, señala el caso de las Unidades de Valoración
Integral Forense que, según la legislación contra la violencia de género, deben
informar los procedimientos en cuestiones que van desde la evaluación del
riesgo al que está sometida la mujer hasta la conveniencia de que el
maltratador tenga régimen de visitas con sus hijos.
"En cada comunidad se componen por un equipo distinto y
tienen un funcionamiento no homogéneo. Sería necesario homogeneizar más este
tipo de recursos y sobre todo, que dé una respuesta más ágil y más rápida,
porque hay casos donde ha habido que esperar meses a un informe sobre la
peligrosidad o la trascendencia que puede tener la actitud del padre respecto
de los hijos", ha señalado.
Sobre este asunto, ha añadido que "realmente, ahora
está complicado porque los recortes están afectando a las jornadas laborales de
trabajadores sociales, psicólogos y profesionales que trabajan en esta materia,
lo que repercute en que el sistema va más lento y no se produce una respuesta
de calidad". "Sería conveniente que en las reuniones de comunidades
autónomas con ministerios se intente homogeneizar y aunar estas medidas para
que no haya estas diferencias", ha señalado la jurista.
Inmaculada Montalbán lamenta que Sanidad no haya tenido en
cuenta sus propuestas.
Una de las propuestas del Observatorio que dirige en este
sentido es la reorganización del mapa judicial. Montalbán explica que el
Consejo General del Poder Judicial ha elaborado una propuesta de reparto que
"garantiza dar una atención especializada y de primera" a todas las
mujeres, "con independencia de donde vivan", con un modelo "al
modo en que funcionan los hospitales", que tienen "un centro de
cabecera para la especialización y luego terminales para la atención
inmediata".
Sin embargo, nada de esto ha sido incluido en la Estrategia
Nacional contra la Violencia de Género propuesta por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, que, según Montalbán, no recoge en sus 277
medidas las propuestas de los especialistas judiciales, "tanto del grupo
de expertos del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género como las que se
remitieron hace aproximadamente un año".
"La agrupación de partidos judiciales garantizaría que
se den servicios especializados tanto a las mujeres de la ciudad como de los
pueblos. No podemos tener fiscales, jueces y forenses especializados en todas y
cada una de las poblaciones. Tenemos que hacer un esfuerzo y optimizar esos
recursos, concentrarlos y desde ahí, atender a las ciudades y las poblaciones
garantizando la accesibilidad de la mujer al servicio", ha declarado.
E.Press
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