Sin hombre al lado no hay hijos

“Estáis como una cabra”. Esta fue la contestación que Paloma Calle y su mujer recibieron de su médico de cabecera en Madrid cuando le trasladaron su decisión de ser madres. Querían someterse a un tratamiento de fecundación in vitro a través del método Ropa (una mujer pone el óvulo y la otra lo gesta) por la Seguridad Social. No pudieron hacerlo. Finalmente recurrieron a la sanidad privada, pero antes tuvieron que aguantar “las opiniones de una serie de médicos ignorantes de la ley e irrespetuosos que tomaban su consulta como el territorio donde manifestar sus creencias”, explica Calle.

Aquella misma médica le dijo que “no estaba de acuerdo” con que ellas fuesen madres, justo antes de asegurar que “también estaba en contra del aborto”. Tras aguantar un discurso antiabortista que poco encajaba con la situación de la pareja, que buscaba justamente lo contrario, Paloma y su mujer fueron finalmente derivadas a un ginecólogo. Este les advirtió de que “por supuesto, en las listas de espera van primero los heterosexuales”. Todo ello mientras comprobaba cómo para su hermana, que recurrió junto a su pareja -un hombre- a la reproducción asistida más o menos en las mismas fechas, el trato era totalmente diferente. "Hacían todo lo posible por que mi hermana se quedase embarazada mientras a mí me dejaban en standby", dice. Una vez que acudieron a una clínica privada, previo desembolso de 6.000 euros, fueron madres en once meses.

La Ley de Reproducción Asistida de 2006 no establece distinción entre parejas ni entre mujeres heterosexuales, lesbianas o bisexuales. Pero el Ministerio de Sanidad pretende hacerlo, tal y como  ha publicado El País, al vetar el acceso a mujeres solteras o parejas de mujeres, en su nueva cartera básica de servicios. El ejemplo de Paloma y su pareja es una muestra de que, en la práctica, algunas administraciones regionales ya lo hacían amparándose en que la ley exige que las mujeres sean estériles o que haya otro tipo de “indicación clínica”, algo totalmente subjetivo y que queda a juicio del médico de turno.

Madrid, Asturias y Andalucía, son, según la Federación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (FELGTB), algunas de las comunidades donde más trabas se ponen a las mujeres solteras o en pareja. Otras, como Canarias, sí permiten el acceso, explica Antonio Perdomo, el coordinador del área de familias de la Federación. Sin embargo, con la nueva cartera de servicios “donde se hacía no se va a poder hacer y donde no se hacía ya no se podrán recurrir esas decisiones”, denuncia.

Mar Martínez y su pareja, otra mujer, comenzaron el proceso en Castellón hace dos años “en vistas a que iba a tardar dos años” en concluirlo, explica. No obstante, en su caso todo fue muy rápido. En tres meses la llamaron. No estaba preparada y prefirió esperar, hasta que empezó a “oír rumores de que se iba a suprimir el servicio”, explica. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, si quería ser madre, “fuera como fuera”, tenía que ir adelante. Sin embargo, para llevar a cabo la fecundación in vitro tenía que trasladarse a un hospital diferente en el que se había hecho las pruebas. “Sabiendo lo que venía me puse en contacto con la privada”, confiesa.

Fue allí donde se realizó la fecundación in vitro, pero todo el proceso anterior se llevó a cabo en la sanidad pública. En una de las revisiones, ya embarazada, una médico les informó de que “habían tenido suerte”: eran la última pareja de mujeres a las que se les prestaría este servicio en la Comunidad Valencia. De esta forma, los rumores que Mar había oído en tertulias y debates se materializaron.

"Homófoba y misógina"

La presidenta de la Asociación de Madres Solteras por Elección, Pilar Castellano, considera que el cambio que pretende llevar a cabo el Gobierno supone un “trato injusto y discriminatorio”, al garantizar la maternidad y la paternidad, únicamente, a una pareja formada por un hombre y una mujer. “Tener hijos es una opción de vida y todos deberíamos tener derecho”.

En ese sentido, todas las partes consultadas coinciden en que la nueva cartera de servicios que prepara Sanidad tiene más implicaciones que las meramente reproductivas. “Al hilo de la crisis siempre se amparan en motivos económicos, pero responde a una tendencia ideológica”, asegura Castellanos. “Choca con la sentencia del Tribunal Constitucional que avala el matrimonio igualitario y hace una defensa de la diversidad familiar”, afirma Perdomo. “Es homófoba y misógina”, sentencia Calle.

David Noriega - Eldiario.es

Andalucía no discriminará a mujeres lesbianas o solteras en tratamientos de reproducción asistida como pretende el PP

La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que en Andalucía "no se va a excluir de la lista de espera" para someterse a tratamientos de reproducción asistida "a ninguna persona, sea una mujer sola o parejas de lesbianas, que ya se encuentren en esas circunstancias" de lista de espera.

 A preguntas de los periodistas en Sevilla, Montero se ha referido así a una propuesta enviada por el departamento que dirige Ana Mato a las CCAA, en la que presuntamente los tratamientos de reproducción asistida, como la inseminación artificial o la fecundación in vitro, estarán vetados en la sanidad pública a parejas de lesbianas y a mujeres solas. En principio, dicho borrador se debatirá en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) del próximo martes.

"Lo que podemos afirmar es que, desde Andalucía, no se va a excluir de la lista de espera a ninguna persona que ya se encuentren en esas circunstancias, por lo que se les atenderá", ha subrayado la titular andaluza de Salud, quien, cuestionada acerca de si esa posibilidad se abriría también a nuevos casos (de mujeres solas o lesbianas) que aún no estén en lista de espera, ha puntualizado que "hasta ahí podemos decir". Con todo, ha confiado en el "suficiente criterio de los profesionales" y en su "sentido común" para seguir incluyendo a esta otra población.

En cuanto a incorporar dentro de una cartera de servicios "algo distinto (como por ejemplo una ampliación de la cobertura) de lo que se aprueba por parte del Gobierno central", Montero ha lamentado que, desde la promulgación de la Ley de Estabilidad, las CCAA "tienen que tener cubierto el objeto de estabilidad y déficit que se imponen desde el Gobierno y, además, pedir autorización previa al Ministerio".

Además, y pese a recordar que en España "no hay ningún impedimento legal" para que parejas de lesbianas o de mujeres que quieran tener un hijo solas así lo hagan, ha puntualizado que "lo que sí hay es una desigualdad en las oportunidades, es decir, que quien tiene dinero puede costeárselo (por la sanidad privada), pero las mujeres con bajos recursos no puede ver satisfecho su deseo".

"Por eso muchas veces hay que incorporar los criterios de cohesión social y de igualdad en la salud", ha argumentado Montero, para quien "al PP solo le gusta reconocer a un tipo de familia (la tradicional), pero no le gusta reconocer la diversidad y la libertad que tiene los ciudadanos para poder configurar su núcleo familiar como quieran".

Del mismo modo, ha sostenido que la "aspiración" de Andalucía en dicha reunión del martes "era incorporar ya de forma oficial y reglada el concepto de mujer (que no parejas) en la ley, ya que son éstas las que se someten a estos tratamientos y, por tanto, no acotar ni excluir ninguna realidad familiar de las actuales en nuestro país, desde familias monoparentales a parejas de lesbianas".

Pese a esta negativa ministerial, Montero sí ha valorado el que Ministerio haya atendido la propuesta andaluza de "no marcar un criterio social a la hora de incorporar o no a una pareja en la lista de espera para reproducción asistida".

"Es decir, que tal y como venía la ficha técnica, se podrían establecer criterio sociales, sobre todo relativos a condiciones de los progenitores, que no aconsejaran el que pudieran tener descendencia y que se incorporaba así como una posibilidad para excluir a las parejas en la lista de reproducción asistida", ha declarado.

"Esta segunda cuestión, sí ha sido atendida por Sanidad tras la denuncia y rechazo manifiesto de Andalucía, por lo que la exclusión será al final solo por motivos clínicos, que no sociales, algo que nos parecía extraordinariamente peligroso introducir", ha zanjado.