Los tratamientos de reproducción asistida (inseminación
artificial, fecundación in vitro…) estarán vetados a parejas de lesbianas y a
mujeres solas en la sanidad pública. La cartera común básica de servicios que
está definiendo el Ministerio de Sanidad los reserva solo para "parejas
integradas por un hombre y una mujer" y siempre que haya problemas de
fertilidad. Así lo recoge la propuesta que ha enviado el departamento de Ana
Mato a las comunidades autónomas, aunque después, de palabra, fuentes del
ministerio aseguraron que cualquier que sea estéril podrá acceder a estos
tratamientos. En Sanidad aseguran que detrás de esta acotación no hay motivos
ideológicos y que la medida se toma para “priorizar”. “Se atenderá
estrictamente a criterios terapéuticos y preventivos”.
La normativa actual establece —a través de un Real Decreto
de 2006— que la sanidad pública solo financia esta prestación cuando haya un
diagnóstico de esterilidad o una “indicación clínica establecida”. Es por esta
vía por la que algunas comunidades como Andalucía y Madrid (en determinados
centros hospitalarios), Baleares o País Vasco cubrían a las mujeres solas o a
las lesbianas; que quizá no fueran estériles pero que no podían engendrar una
el hijo de la otra. En otras regiones, donde la Administración se aferraba
textualmente a la necesidad de que hubiera ese diagnóstico de esterilidad, lo
tenían difícil para someterse a estos tratamientos.
Las comunidades que quieran ofrecer esta prestación a
mujeres solas o lesbianas —fuera de los criterios establecidos por la nueva
cartera básica de servicios— podrán seguir haciéndolo; pero solo si demuestran
que tendrán presupuesto suficiente para hacerlo. Algo que con la coyuntura
económica actual es cuando menos complicado.
La propuesta para la prestación de reproducción asistida a
la que ha tenido acceso EL PAÍS, que se presentará en el Consejo
Interterritorial de Sanidad del martes, establece que los tratamientos de
reproducción asistida se aplicarán “a las parejas” que cumplan, además, otros
criterios: la mujer no puede ser mayor de 40 años (para inseminación artificial
con semen de la pareja, 38) y el hombre de 50; y no pueden tener en común
ningún hijo sano. Además, si algún miembro de la pareja se esterilizó
voluntariamente o tiene problemas para cumplir el tratamiento por razones de
salud o debido a su entorno social serán excluidos.
Esto, tal y como figura en el documento enviado a las
comunidades autónomas, dejaría fuera también a las mujeres solas y a las
lesbianas con problemas de fertilidad, aunque el ministerio aseguran lo
contrario. Esta afirmación aparentemente contradice al último documento enviado
a las autonomías. El texto remitido por Sanidad a las regiones —y elaborado por
el grupo de trabajo que define la cartera básica de servicios— también define
la esterilidad como la “ausencia de consecución de embarazo tras 12 meses de
relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos”.
Este requisito obligaría a las lesbianas a mantener relaciones sexuales con
hombres. O a las que no tienen pareja, a buscar una para concebir.
Atendiendo a criterios estrictamente de fertilidad o no,
Isabel Gómez, vocal de Igualdad de la Federación Estatal de Lesbianas Gais
Bisexuales y Transexuales (FELGTB), cree que se trata de una medida ideológica.
“El Gobierno se está amparando en una visión monolítica de lo que es una
familia. Si Sanidad revisa los criterios para la financiación de este servicio
debería hacerlo para acotar diferencias y limar discriminaciones. Parece que se
está haciendo todo lo contrario”, dice. Gómez está convencida de que la
exclusión de las parejas de lesbianas o de las mujeres solas obedece a la idea
“que tiene el Gobierno de la familia: la formada por un hombre y una mujer”.
El departamento de Ana Mato niega que se trate de una
cuestión "ideológica"
La vocal de la FELGTB cree, además, que el argumento de la
infertilidad es una mera excusa. “Efectivamente, podemos ser fértiles, pero
nuestra forma de vida no nos permite hacer un apareamiento en pareja. Nosotros
queremos tener hijos para quererlos, amarlos, cuidarlos y hacerlos personas
competentes; no podemos atender a ese sesgo que no contempla todos los tipos de
familias que hay”, expone.
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad
de Jaén Gerardo Ruiz Rico cree que los criterios de inclusión en la prestación
pública recogidos en el texto son discriminatorios. “Se está haciendo una
interpretación restringida de la legislación. Establece una serie de
condicionamientos que vuelven a la definición de pareja como la formada por
hombre y mujer; y eso no sería conforme con la doctrina del Tribunal
Constitucional, que ha avalado el matrimonio entre personas del mismo sexo”,
incide. Ruiz Rico también tiene dudas sobre la constitucionalidad de establecer
como criterio de acceso solo la infertilidad. “Es un obstáculo cuyo resultado
puede ser discriminatorio al final para las mujeres solas o las lesbianas y
supone un veto insalvable que impedirá que se beneficien de los tratamientos”,
apunta.
Las lesbianas afirman: "Puede que no seamos estériles
pero no nos apareamos"
Mariluz Vázquez, miembro de la Asociación de Madres Solteras
por Elección, también cree que la propuesta de Sanidad es injusta. “Lo nuestro,
como mujeres solas, desde fuera se ve como un capricho; en cambio, para el
resto formar una familia se contempla como una necesidad. Y todo pivota sobre
esa idea”, reclama. Vázquez explica que actualmente la mayoría de las mujeres
en su situación deciden acudir a las clínicas privadas —centros que hacen gran
parte de los más de 54.000 tratamientos de fertilidad que se realizan al año en
España— por las trabas que en muchas regiones les ponen en la sanidad pública.
Los criterios son tan dispares que dentro de una misma región algunos centros
atienden a mujeres solas y otros no. “Depende del equipo médico”, aclara.
La reproducción asistida siempre ha sido una de las
prestaciones más desiguales del sistema nacional de salud. Las larguísimas
listas de espera —en algunos casos más de dos años para acceder a la primera
consulta— y las diferencias de tiempo de atención y de criterios de acceso
entre Administraciones han sido constantes durante años. Tanto que el Defensor
del Pueblo y el Consejo Económico y Social han pedido explicaciones varias
veces a las autonomías. La propuesta de Sanidad, que debe terminar con estas
inequidades, había sido largamente esperada. Sin embargo, sostiene el
embriólogo José Antonio Castilla, secretario general de la Sociedad Española de
Fertilidad, se está unificando a la baja. “Excluir del servicio a las mujeres
solas o a las parejas de lesbianas es una acotación. Entiendo que haya que
acotar, pero estamos excluyendo a un colectivo sin ninguna razón médica para
ello. Un colectivo, además que da resultados de alto rendimiento en estos
tratamientos”, expone.
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