Una de las medidas más llamativas es que los casos urgentes
de violencia de género deberán resolverse en un plazo máximo de 24 horas: en
ese periodo, la derivación de la víctima a centros de emergencia o casas de
acogida deberá estar resuelta. Por otro lado, el ministerio quiere crear una Red
Nacional de Centros de Acogida que no implicará un aumento de recursos, sino la
mera recopilación de todos.
Incluye también una medida anunciada recientemente: la
extensión de la libertad vigilada para los delitos de violencia de género.
Sanidad anuncia que va a "estudiar" junto a Instituciones
Penitenciarias que se extienda el uso de los brazaletes para vigilar el
cumplimiento de las medidas de alejamiento durante los permisos penitenciarios.
En abril, el grupo parlamentario socialista denunció el retraso del Gobierno en
la firma de los nuevos protocolos para permitir que se ampliara la colocación
de estos dispositivos electrónicos para el control del cumplimiento de las
penas de alejamiento a maltratadores. El protocolo ya estaba acordado desde
2011, pero el nuevo Gobierno retrasó su puesta en marcha.
La estrategia contiene algunas propuestas genéricas, como
"mejorar la coordinación y el trabajo en red" o "mejorar la
formación de todos los profesionales implicados". También la atención a
otras formas de violencia, como los matrimonios forzados, la mutilación genital
y la trata con fines de explotación sexual: se prevé la aprobación de un
protocolo sanitario contra la mutilación genital femenina y la tipificación
como delito de los matrimonios forzados.
Sanidad asegura que esta estrategia será "uno de los
ejes" del futuro Plan de Igualdad y que estará dotada con 1.539 millones
de euros. Precisamente, España lleva más de año y medio sin Plan Estratétigo deIgualdad de Oportunidades. No se trata de una estrategia que dependa de la
voluntad del Gobierno de turno, sino de un mandato de obligado cumplimiento
incluido en el artículo 17 de la Ley de Igualdad aprobada en 2007. El Ejecutivo
trabaja en un borrador, pero tanto oposición como organizaciones de mujeres han
denunciado en varias ocasiones su tardanza y la falta de diálogo del Gobierno.
Críticas de las comunidades
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad de
Canarias, Francisco Hernández, ha explicado a Europa Press que aunque la
iniciativa les parece "positiva" en términos generales, motivo por el
cual han dado su voto a favor como el resto de comunidades autónomas, también
consideran que "está poco trabajada" y que es "muy abstracta y
ambigua". "No hay concreción de las medidas que se van a poner en
marcha", ha criticado. "No es más que un recopilatorio de medidas que
ya están adoptando las comunidades autónomas. Por otro lado nos preocupa
muchísimo la reducción presupuestaria. Para este año las comunidades vamos a
recibir en torno a un 20% de recursos financieros menos que el año anterior.
Plantear una estrategia nacional cuando hay un recorte importantísimo de
recursos le resta credibilidad sin lugar a dudas", ha añadido.
También la presidenta de l'Institut Català de les Dones,
Montserrat Gatell, ha criticado que apenas han podido valorar el contenido de
la Estrategia porque el documento presentado por el Ministerio "no es
completo" y porque tampoco indica "de ninguna de las maneras"
como se va a llevar a cabo la coordinación con las comunidades a la hora de
ponerlo en marcha.
El consejero de Presidencia de Asturias, Guillermo Martínez,
ha lamentado que "no puede ser un documento creíble" cuando se ha
reducido "en casi un 25 por ciento" el presupuesto para la lucha
contra la violencia de género para las comunidades autónomas.
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