“No podemos ayudarlas si no denuncian. No podemos ayudarlas,
no podemos apostar, y no digo el Gobierno, digo toda la sociedad, si esas
mujeres no denuncian”. Fue la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Ana Mato, la que se despachó con estas declaraciones hace un año. Mientras Mato hacía recaer toda esa responsabilidad sobre las mujeres
víctimas de violencia machista, el Gobierno ha recortado las partidas
presupuestarias dedicadas a igualdad y violencia de género, y muchas
comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, han perpetrado un duro golpe a
la red de centros y programas de atención a mujeres. Expertas, activistas y
asociaciones advierten de que la violencia machista no sólo no es ya una
prioridad política y social, sino que el discurso oficial tiende ahora a
culpabilizar y cuestionar a las mujeres, y a centrar en ellas el problema en
lugar de asegurar que existan los mecanismos para luchar adecuadamente contra
esta violencia.
“Desde que entramos en el periodo de crisis, parece que el
resto de temas sociales están en segundo plano. Nos olvidamos de que por encima
de la crisis hay cosas que afectan a los derechos fundamentales de las
personas, como es el derecho a la vida de las mujeres”, defiende la presidenta
de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Susana Martínez
Novo, que añade que precisamente por eso ningún recorte que afecte a las
mujeres víctimas de violencia de género está justificado.
Desde que en 2008 estallara la burbuja económica, todo lo
que no suene a déficit, deuda, prima de riesgo o austeridad tiene difícil
cabida en el discurso político y social. Ya entonces, en los debates
electorales entre los entonces candidatos José Luis Rodríguez Zapatero y
Mariano Rajoy, la igualdad y la violencia de género apenas ocuparon unos pocos
minutos de su discurso. Tres años después, en noviembre de 2011, en el debate
entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, la violencia machista
simplemente no mereció ni un rápido intercambio de pareceres.
Por otro lado, a pesar de que la aprobación de la Ley
Integral contra la Violencia de Género supuso un punto de inflexión en cuanto
al diagnóstico y reconocimiento de la violencia machista, y la atención a las
víctimas, en los últimos años han aumentado los ataques contra la norma.
“No sólo este tema ha ido decayendo, sino que ahora hay
fuerzas reactivas y patriarcales, muchas dentro de la judicatura, que están
creando un espejismo de que la ley está protegiendo demasiado a las mujeres y
desprotegiendo a los hombres. Por ejemplo, el pávulo que se le ha dado a las
denuncias falsas ha crecido en los últimos años”, asegura María Naredo, jurista
e investigadora de Amnistía Internacional.
“Hay un abandono del concepto de violencia de género”, dice
Santiago Fernández, miembro de la coordinadora estatal de la Asociación de
Hombres por la Igualdad de Género (Ahige), que también cree que la crisis ha
sacado de la agenda política la igualdad. “Y ya en esta legislatura, aunque no
se han decidido a manifestar una posición frontal a las políticas de igualdad,
hay muchos gestos que indican esa posición”, dice Fernández, que apunta que las
partidas más castigadas de los presupuestos para 2013 son las relacionadas con
la igualdad y la violencia de género.
Amnistía Internacional acaba de publicar un informe en el
que denuncia la excesiva responsabilidad que se deposita en las mujeres para que
denuncien, en lugar de poner el foco de atención en la respuesta dada por el
Estado y en si este ofrece o no recursos efectivos para que las mujeres
obtengan protección y justicia. “Se está poniendo mucho peso en lo que las
mujeres no hacen y deben de hacer y no énfasis en todo lo que está fallando en
el camino y que es responsabilidad del Estado”, subraya Naredo. Desde enero de
2005 hasta ahora, 503 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o
ex parejas masculinas.
“En lugar de justificar la inacción de las instituciones
descargando en las víctimas la ‘obligación’ de denunciar, las autoridades deben
verificar la efectividad de la protección legal dispuesta e identificar los
obstáculos que, en la ley o en su aplicación, impiden a las mujeres acceder y
obtener justicia y protección”, dice el informe.
Más formación
Amnistía reclama la especialización de los profesionales que
intervienen a lo largo de todo el proceso judicial y la evaluación del
funcionamiento de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, tal y como
contemplaba la Ley integral aprobada en 2005. La organización considera que hay
“cifras preocupantes” que deberían llevar a un análisis profundo de estos
juzgados, como el abultado número de sobreseimientos judiciales. El informe
señala que en 2011 se archivaron de media más del 45% de las denuncias por
violencia de género. También se observa un descenso en la concesión de órdenes
de protección solicitadas por las mujeres: el 2011 fue el año con el porcentaje
de concesión más bajo desde que hay registros.
La organización apunta también a la falta de turnos de
abogados de oficio suficientemente coordinados como para garantizar que las
víctimas estén atendidas desde el primer momento. Han documentado algunos casos
en los que las mujeres tienen que esperar durante horas en la comisaría la
llegada de un abogado, o simplemente dan los primeros pasos sin la presencia de
un abogado, lo que en muchos casos condiciona el proceso.
La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres
también lleva tiempo reclamando una evaluación de la Ley Integral de Violencia
de Género. “Seguimos percibiendo que quedan cosas importantes por hacer. Una
cosa es que tengamos una legislación muy avanzada, que es un referente
internacional, y otra, la realidad material que la acompaña”, dice su
presidenta, que menciona algunas líneas de acción necesarias, como conseguir
que el entorno de la víctima se involucre, la formación de todos los
profesionales, o una mayor rigurosidad en las informaciones periodísticas sobre
la violencia machista.
Los movimientos sociales, poco movilizados
“Cuando haya una manifestación de indignados contra la
violencia machista habrá comenzado su fin”. Con este lema, activistas y
asociaciones han querido expresar en las redes sociales su malestar ante la
poca presencia que cobra la violencia de género en los movimientos sociales.
Hay autocrítica. Roció Lleó, que participa en la Comisión de Feminismos de Sol,
está de acuerdo en que la violencia machista no ha recibido la atención que
debería, tampoco desde la movilización ciudadana. “Ni la sociedad ni el Estado
está haciendo lo que tiene que hacer. Los movimientos sociales no se están
ocupando del tema, incluso se sigue pensando que son sólo las mujeres las que
tienen que resolver el problema”, dice.
Una de las líneas de trabajo de la Asociación de Hombres por
la Igualdad de Género es precisamente desechar la idea de que son las mujeres
las que deben enfrentar el problema, involucrar a los hombres en la lucha
contra la violencia de género y la construcción de un nuevo modelo de
masculinidad, clave para acabar con las agresiones a mujeres.
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