Aquella noche le dolía el estómago. Era temprano para dar a
luz, se dijo. Aún faltaban un par de meses. Finalmente, se levantó a la
letrina. Allí sintió un dolor horrible. Y un líquido caliente que le bajaba.
Cristina Quintanilla recuerda poco más. Se desmayó. Sus padres, alertados por
el ruido de su casita con paredes casi de papel, la encontraron cubierta de
sangre en el suelo del baño. Pensaron que se moría. Viven a varios kilómetros
del centro de salud, y sin vehículo, así que llamaron a los guardias para que
trasladaran a la muchacha. En el hospital confirmaron que ya no estaba
embarazada. Y la denunciaron por provocarse un aborto. Ingresada y bajo efectos
de la anestesia, recuerda, fue interrogada por policía. “Veía borroso, notaba
trajes azules en vez de batas blancas, pero me hacían preguntas. Me dijeron
‘desde este momento estás detenida porque mataste a tu hijo”. La acusaron de
homicidio. El día anterior había cumplido 18 años.
Cristina Quintanilla pasó tres días esposada a la cama del
hospital. De allí al calabozo de la comisaría y después al penal de Ilopango,
la mayor cárcel de mujeres de El Salvador, en San Salvador. Un año después fue
informada de su condena en un proceso que luego se demostraría lleno de
irregularidades. Comenzó acusada de homicidio imprudente, penado con hasta
cinco años de prisión, y salió de la sala condenada por homicidio agravado y
una pena de 30 años, a pesar de que los peritos de medicina legal no pudieron
determinar que la muerte del feto fuese provocada. “Del hospital pasé a la
cárcel, enferma, sin cuidados, deprimida… Acababa de perder a mi hijo y además
me estaban condenando por eso”, reclama.
No está sola. Marlene, María Teresa, Manuela... Historias
calcadas. La interrupción del embarazo está prohibida en El Salvador. Bajo
cualquier circunstancia. Una legislación en la que se dan abortos espontáneos o
partos prematuros que se consideran provocados por la mujer. Suelen ser
gestaciones avanzadas en las que la embarazada expulsa al feto, que no
sobrevive. “Por eso, como están de muchas semanas, las acusan de homicidio
imprudente u homicidio agravado por parentesco”, explica Dennis Muñoz, abogado
experto en estos casos. Las interrupciones voluntarias del embarazo, muchas
realizadas con fármacos y en etapas más prontas de la gestación —a veces no hay
huella del feto—, se condenan como aborto consentido o propio, penado con hasta
ocho años; aunque la mayoría son condenadas a tres y nunca entran en prisión.
Entre 2000 y 2011, al menos 129 mujeres fueron procesadas
por aborto, homicidio agravado u homicidio imprudente. 49 fueron condenadas,
según una investigación de la Agrupación para la Despenalización del Aborto
(pendiente de publicación). En esa estadística está Cristina, a la que el
Estado le conmutó la pena cuando había cumplido cuatro años. Es una mujer fuerte,
hasta con las palabras. Originaria de una zona rural e incomunicada del
departamento de Oriente, fue madre a los 16 años de un niño que adora. “He
salido del penal, estoy contenta, pero me perdí cuatro años de la vida de mi
hijo, su primer día de escuela… Eso el Gobierno no me lo va a devolver”, dice.
Tampoco a Marlene Ponce le resarcirán el tiempo que pasó
privada de libertad. De mirada dulce y voz suave, asegura que no sabía que
estaba encinta cuando una tarde de 2009, con 18 años, empezó a sentirse mal,
con dolor de estómago; rara. “Estaba en el instituto y decidí volver a la casa.
Fui al baño y noté sangre, me desmayaba así que mis hermanas me llevaron a una
clínica privada y allá el doctor me dijo que estaba embarazada y que
probablemente lo que me había pasado era un aborto”, cuenta. Aquél facultativo
la derivó al hospital. Allí fue denunciada por los sanitarios.
La acusaron de homicidio agravado e ingresó, convaleciente,
en el penal de Ilopango, uno de los más saturados del mundo. “Nunca imaginé
como es estar en la cárcel. Es muy duro, por la gente que hay allá, comes en el
suelo… No había ni fuente para tomar agua, apenas te puedes bañar”, relata
Marlene. En el penal, un rollo de papel higiénico podía costar 1 dólar. Y no
había catres para todas las reclusas. La joven pasó semanas durmiendo en una
colchoneta bajo una fila de literas. Estuvo presa ocho meses. Luego fue
absuelta. La policía investigó su casa, en una aldea del centro del país,
incluso el huerto; y desenterraron huesos que luego se demostró que eran de
animal. No hubo pruebas del delito.
Mujeres solteras o con la pareja lejos, pobres, de zonas
rurales o barrios deprimidos, poco formadas e informadas. Así son las mujeres
procesadas por delitos relacionados con la interrupción del embarazo en El
Salvador, según el informe de la Agrupación. Como María Teresa Rivera, de 30
años, trabajadora de la maquila textil que lleva dos años en la cárcel
condenada por homicidio agravado —como ella hay otras 22 internadas—. Su
familia la llevó al hospital tras encontrarla desmayada y cubierta de sangre en
su casa. En su declaración judicial relató que no sabía que estaba embarazada.
Siempre tuvo menstruaciones irregulares, y aunque hacía tres meses que no
sangraba no se alarmó. Los médicos no determinaron de cuántas semanas de
embarazo estaba; aunque el juez aceptó el testimonio de su jefa de la fábrica,
que relató que en enero de 2011 la mujer le había contado que sospechaba que
podía estar encinta. El episodio de la sangre en el baño fue 11 meses después
de esa fecha.
“La falta de una definición legal de lo que es exactamente
interrupción del embarazo y la durísima legislación hace que se produzcan
situaciones dantescas. Cristina tuvo una complicación obstétrica y aún así fue
condenada. Y además a una pena severa, injusta, desproporcionada; como se
determinó después", señala el abogado Dennis Muñoz. Él la conoció cuando
ya estaba en prisión y llevó su caso, como lo hace ahora con María Teresa
Rivera desde la Agrupación para la Despenalización del Aborto. "Lo que
están haciendo con estas mujeres no es justo. Hace falta corregir la
legislación, pero también apuntalar los casos mediante pruebas y médicos
especializados, algo que ahora no siempre se hace con todos los medios deseables",
considera.
“La prohibición total del aborto genera desprotección. Como
las de estas mujeres, consideradas sospechosas de un primer vistazo; también
condena a las que necesitan abortar a la clandestinidad”, sostiene Lesbia
Gutiérrez, experta de la organización contra el aborto inseguro IPAS. No hay
datos oficiales sobre interrupción del embarazo en El Salvador, pero un informe
del Instituto Guttmacher y la Organización Mundial de la Salud indica que 25 de
cada mil mujeres han pasado por esta intervención en la región. “Las ricas
salen del país para hacerlo, pero las pobres recurren a prácticas que pueden
ser fatales. Tanto por el riesgo sanitario como por el de la denuncia”,
asegura. De hecho, el 60% de las mujeres procesadas por estos delitos fueron denunciadas
por el personal sanitario. “Algunos médicos se escudan en un artículo del
Código Penal que dicta que cualquier delito de sangre debe ser denunciado, y en
ocasiones lo hacen rápidamente y sin indicios de que el aborto es provocado.
Aunque lo fuera, están vulnerando el secreto profesional”, dice el ginecólogo
Juan Carlos Barahona.
Mery, universitaria de 27 años, acudió al hospital con una
fuerte hemorragia en 2012. Asustada, explicó que estaba embarazada de ocho
semanas y que había conseguido por Internet unas pastillas de misoprostol, un
fármaco para la úlcera que puede provocar aborto. Los facultativos la
denunciaron y fue condenada a dos años de prisión. El juez dictó que debía
cumplirlos en el penal. Pasó allí una semana. Hasta que se cortó las venas y
fue internada en una institución mental. Estuvo allí seis meses. Luego le
concedieron medidas sustitutorias. Hoy sigue en tratamiento, pero se ve
coartada por sus antecedentes penales para hallar empleo. Prefiere no hablar
del caso, su pareja explica que no lo ha superado.
Cristina y Marlene sí lo han hecho. La primera cuenta que ha
canalizado su rabia en estudiar. Retomó los libros donde los había dejado años
antes y consiguió graduarse. Ahora, a sus 26 años, aprende inglés. Marlene
estudia Educación Infantil y está deseando ser profesora. Forman parte de un
grupo de recuperación de mujeres que pasaron por la misma situación. Mujeres
que pasaron del hospital a la cárcel.
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